La lava del volcán de la isla española de La Palma supera ya los 1,2 kilómetros de anchura máxima y afecta a más de 420 hectáreas, con un perímetro de 36,24 kilómetros, según datos actualizados publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) español.
Las coladas de lava siguen fluyendo hacia el mar y el delta que está formando la lava al entrar en contacto con el mar tiene ya una superficie de 36 hectáreas. La calidad del aire ha mejorado con respecto a días anteriores, aunque se espera un ligero empeoramiento en los próximos días.
El cambio de viento podría distribuir la pluma marina hacia el norte/noreste de la isla y afectar a la actividad aeroportuaria.
En cuanto al aumento de la sismicidad en las localidades de Mazo y Fuencaliente, no hay parámetros hasta la fecha, dice el DSN, que indiquen que pueda aparecer un nuevo foco emisor en algún lugar del sur de la isla. Según los primeros datos del Catastro, un total de 726 edificios han sido destruidos por el desprendimiento, la mayoría de ellos residenciales.
Anoche llegaron a la isla de La Palma las dos desaladoras que abastecerán de agua a los agricultores del Valle de Aridane para el riego de las plantaciones de plátanos, el principal cultivo de la isla.
Está previsto que las desaladoras, con una capacidad de suministro diario de 2.800 metros cúbicos cada una, comiencen a suministrar agua de riego a las fincas de la costa del Valle de Aridane a finales de la próxima semana, previsiblemente el jueves, coincidiendo con la llegada del camión cisterna que viaja desde la Península a la isla.
Por otra parte, hoy ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley aprobado ayer en Consejo de Ministros por el Gobierno español, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños causados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma por un importe total de 247 millones.
Esta cantidad se suma a los 12,1 millones de dólares que el Ejecutivo español aprobó en su reunión de la semana pasada para la adquisición de viviendas y productos de primera necesidad.