Un juzgado federal admitió a trámite una demanda de amparo presentada por Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, que busca conocer el contenido del convenio reparatorio celebrado entre Grupo Carso y el Gobierno del Distrito Federal derivado del colapso de la Línea 12 del Metro.
El juicio de amparo 1076/2021 fue aceptado por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que fijó las 10:00 horas del 3 de enero de 2021 para la audiencia incidental en la que decidirá si concede o no este recurso a Horcasitas.
Sin embargo, negó conceder la suspensión provisional con la que el ex funcionario pretendía acceder al documento y detener momentáneamente el proceso en su contra, aunque dio un plazo de 48 horas para que las autoridades correspondientes presenten sus informes previos sobre el caso.
Este recurso fue interpuesto por la defensa legal de Horcasitas desde el 24 de diciembre, en el que se quejó de que la Fiscalía “se negó a consultar el acuerdo reparatorio” desde el 28 de octubre de este año.
Desde el 3 de noviembre, Gabriel Regino, abogado defensor de Horcasitas, informó sobre la voluntad del ex funcionario de llegar a un acuerdo reparatorio, aunque ratificó que es inocente y que el proceso en su contra “tiene más tintes políticos que judiciales”.
Antes de iniciar la audiencia programada para ese día, el abogado defensor manifestó su decisión de solicitar la nulidad del proceso por el acuerdo entre Carso y el Gobierno de la Ciudad de México, que informó acaba de conocer, extinguiendo a su juicio la causa penal contra Horcasitas.
A pesar de lo anterior, la audiencia se pospuso, por segunda ocasión, debido a que uno de los 10 imputados en el caso y acusado de los presuntos delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena derivados del derrumbe de la llamada “Línea Dorada” no se presentó.
Ese mismo día, los defensores de las víctimas del accidente, Christopher Estupiñán y Teófilo Benítez, arremetieron contra el juez porque aceptó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no diera a conocer el acuerdo reparatorio alcanzado entre el Gobierno capitalino y la empresa, alegando el principio de confidencialidad, a pesar de que momentos antes había aceptado hacerlo público.
Insistieron en que las víctimas también tienen derecho a conocer este acuerdo de reparación, por lo que anunciaron medidas ante el Consejo de la Judicatura local para solicitar el cambio de juez en el caso.
Con información de Manuel Cosme
