El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió este martes un acuerdo mediante el cual exhorta a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración federal a cumplir con la normatividad en materia electoral en lo que respecta a la ejecución de programas sociales y la aplicación de recursos públicos, a fin de “garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales” que están en curso.
El acuerdo, emitido este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), advierte a los funcionarios federales que existen conductas tipificadas que atentan contra la imparcialidad que deben guardar los servidores públicos durante los procesos electorales.
Independientemente del marco legal, señala que uno de los objetivos de su administración es “respetar el estado democrático, la libertad de elección de todos los ciudadanos, rechazar el fraude electoral en todas sus vertientes, así como promover conductas éticas tanto en los servidores públicos como en los ciudadanos, tal como lo manifesté el pasado 23 de febrero de 2021 a los gobernadores de las entidades federativas, invitándolos a sumarse al Acuerdo Nacional por la Democracia, a fin de refrendar el compromiso de mantener una actitud de equidad en los procesos electorales que están por llevarse a cabo en diferentes estados”.
En el documento se exhorta a los servidores públicos a evitar asistir a actos de campaña en horas y días hábiles; manifestar apoyo en cualquier medio de comunicación a favor de alguna candidatura o partido político; registrarse como representantes de partidos políticos ante la autoridad electoral, o difundir en los medios de comunicación campañas de propaganda gubernamental publicitadas con recursos públicos, con excepción de las relacionadas con servicios educativos y de salud, así como las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
También se recuerda la prohibición de difundir propaganda gubernamental que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; mensajes que pretendan influir en las preferencias electorales, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos; menciones al proceso electoral o expresiones relacionadas con el mismo como “voto”, “sufragio”, “elecciones”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra expresión similar.
Las disposiciones señalan que los servidores públicos deben abstenerse de emitir mensajes con contenido discriminatorio, sexista o contrario a los valores, principios y derechos constitucionales, así como mensajes que busquen presionar a los ciudadanos para orientar su voto.
También se prohíbe poner a disposición de los candidatos o partidos políticos bienes o recursos públicos; instalar casillas electorales en casas habitadas por servidores públicos; utilizar o condicionar programas sociales y/o recursos públicos, y comisionar al personal a su cargo para actividades electorales o permitir que se ausenten de sus labores para tales fines.
Al mismo tiempo, deben abstenerse de cobrar o retener la credencial de elector, así como amenazar con hacerlo, a cambio de realizar alguna conducta electoral específica.
Tras recordar que el artículo 41 de la Constitución establece que durante las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la jornada electoral, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público, recordó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece diversas infracciones por no cumplir con las normas en la materia.
