Los diputados federales aprobaron, en lo general y en lo particular, los cambios legales que eliminan el outsourcing en el sector privado y público, y con cambios de última hora, se dio más tiempo al gobierno federal para la transición a la nueva reforma laboral.
Con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, los diputados establecieron que la entrada en vigor de todos estos cambios, principalmente a la Ley Federal del Trabajo, será obligatoria para las empresas, en agosto, y los gobiernos federal y estatales, “en el ejercicio fiscal de 2022”.
Incluyeron no otorgar más recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para aplicar la nueva reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Y no se incrementará el presupuesto regularizable de las mismas para el presente ejercicio fiscal ni los subsecuentes”, se lee en los transitorios de la ley.
Para estos cambios legislativos, los diputados hicieron un primer receso de cuatro horas para incorporar los nuevos tiempos de aplicación, un segundo receso de una hora para recibir el dictamen que debía ser discutido y aprobado ante el pleno de los diputados.
Ahora su discusión se realizará en el Senado de la República, para agilizar su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que entre en vigor el 1 de mayo, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
Como informó El Sol de México, los ajustes se hicieron porque los gobiernos federal y estatales tienen que aprobar sus presupuestos año con año y en los tiempos definidos por la ley.
En entrevista con El Sol de México, el diputado de Morena, Ignacio Mier, señaló que los cambios se hicieron para no afectar, principalmente, a los gobiernos estatales.
“Esa fue la preocupación, que no se deje una situación complicada. En todos los estados ya hicieron toda su programación y hacer un ajuste ahora, cuando ya se aprobó el presupuesto de ingresos y otros, no es sencillo”, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
“La otra opción era quitar el apartado B (servidores públicos), pero también sería injusto, no puede ocurrir que haya una distinción entre unos y otros (iniciativa privada y pública). No en la 4T“, aseguró.
Verónica Juárez, coordinadora del PRD, aseguró que en agosto, la iniciativa privada, y en enero, la administración pública federal “tendrán que hacer todo lo necesario para implementar las medidas que ahora se están aprobando. Los empresarios tendrán estos meses para hacer los ajustes correspondientes”.
La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que “la reforma va en contra de la certeza y seguridad jurídica, al prohibir la actividad económica legal. No resuelve el problema del outsourcing agresivo”.
Indicó que “es la misma (legislación), sólo que con un nuevo giro”, pues sigue permitiendo la contratación de servicios y obras especializadas, sin detallar cuáles son estas actividades.
“Se amplían las actividades a una figura extraña, intermediario y agencia de colocación, tal vez sólo le estamos dando la vuelta”, afirmó.
Criticó que el periodo de transición es sumamente corto, pues no considera todas las altas, bajas y la falta de facilidades y agilidad en medio de la pandemia.
Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), dijo a El Sol de México que si bien se dan tres meses para implementar estos cambios a las empresas, no se toma en cuenta que a partir de mayo, las compañías dedicadas a ofrecer servicios especializados ya no podrán facturar bajo este régimen, por lo que consideró que también se debe dar el mismo plazo para la transición a estas nuevas disposiciones.
Dijo que esto puede ser fácil para una empresa grande, pero afectará gravemente a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latinoamérica, señaló que “es complicado para las empresas montar todo un aparato para manejar a mil, cientos o decenas de empleados, porque tienen que registrarse en el IMSS, tener un sistema de nómina diferente, dar soporte administrativo, hay que hacer muchas cosas que elevan los costos de administración, sobre todo para una empresa mediana o grande”.
El diputado del PRI, Carlos Pavón, señaló que la norma debe ser analizada con tiempo y no con las prisas del Presidente y acusó que se busca una reforma fiscal más allá de una reforma laboral en beneficio de los mexicanos.
Dijo que según datos de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se busca recaudar más por reparto de utilidades entre los trabajadores para pasar de recaudar 56 mil millones de pesos por esta vía a recibir 157 mil millones de pesos con la nueva reforma laboral, es decir, casi tres veces más ingresos.
Marco Antonio Adame, diputado blanquiazul, advirtió que se incluyó “de última hora” en la nueva reforma laboral, es decir, casi tres veces más
