Los diputados federales de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, aprobaron la mañana de este jueves, el reglamento de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedimientos, con el que modifican el mecanismo para someter al Presidente de la República, así como a otros funcionarios, como los gobernadores, a un juicio político para que respondan penalmente por violar la Constitución y las Leyes Federales.
Tras cumplir con todos los trámites, la reforma fue aprobada con 266 votos a favor de los legisladores pro Lópezbrador (Morena, PT y Partido Verde) y 205 votos en contra del bloque opositor (PAN, PRI y PRD) y Movimiento Ciudadano, que se sumó a la causa de este último bloque.
Con ello, se modificó el proceso de juicio político, se modificó el proceso de Declaración de Procedimientos y se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Según los diputados morenistas, la reforma permite actualizar la ley para quitarle el fuero al Presidente de la República y que pueda ser juzgado por los delitos de traición a la patria, corrupción, delitos electorales, así como cualquier otro delito por el que pueda ser procesado un ciudadano común.
El diputado morenista, Marcos Rosendo Medina Filigrana, dijo que al viejo régimen le molesta que se discuta este tema y que el propio Poder Ejecutivo sea el principal promotor de dichas reformas.
“Señalan que la ley puede ser utilizada como instrumento de persecución política porque ustedes lo hacían, pero no es para perseguir, es para dar seguridad jurídica”.
Sin embargo, la oposición consideró que con esta ley se protege al presidente del juicio político, ya que se establece que en caso de juicio político, este procedimiento sólo podrá iniciarse durante el tiempo que esté desempeñando su empleo, cargo o comisión, “y dentro del año siguiente a la conclusión de sus funciones”, además, no sería destituido en caso de juicio político y en caso de hacerlo efectivo a los gobernadores, los congresos locales están obligados a acatar lo que el Congreso federal defina sobre el juicio político.
Por otro lado, se aumentó el número de integrantes de la Sección Instructora de 4 a 5 miembros.
La diputada panista Kathia María Bolio afirmó que el documento está plagado de imprecisiones y es contrario a la Carta Magna. Agregó que con él se olvida la autonomía de los congresos estatales y que “la mayoría de la Cámara legisla a capricho y con cerrazón”.
El diputado priista Pablo Guillermo Angulo Briceño mencionó que esta ley será un instrumento de persecución política, de justicia selectiva, para proteger a los allegados y perseguir a los opositores. “La expedición de esta ley es una prueba de la agenda política impulsada por el Gobierno para la persecución”, mencionó.
Durante la discusión de este dictamen de juicio político, la diputada del PT, Shirley Vázquez se disponía a tomar asiento en su curul y resbaló en la alfombra y cayó sobre el asiento lastimándose la cabeza. Esto obligó al personal de la Cámara a atender su accidente y ayudarla a abandonar el Salón de Sesiones.
Previo a la aprobación de esta reforma, el Pleno también aprobó, por unanimidad de 491 votos, el Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la LXV Legislatura.
El objetivo de este reglamento es establecer las reglas para el funcionamiento de la Cámara de Diputados en situaciones de emergencia o contingencia sanitaria.
Algunas de estas reglas son permitir la participación a distancia de los diputados con medidas de ciberseguridad que garanticen su correcto funcionamiento; se señalarán las situaciones de emergencia que imposibiliten a los diputados sesionar físicamente en el recinto legislativo, ya sea por disposiciones sanitarias y de protección civil.
También, desplegar medidas preventivas antes y durante las sesiones, así como facilitar el registro de asuntos por correo electrónico y a través del correo electrónico institucional de las personas previamente acreditadas por cada grupo parlamentario ante la Junta de Coordinación Política.
Además de poder indicar que en caso de falla técnica generalizada en la plataforma digital de videoconferencia y votación, la Presidencia de la Mesa Directiva podrá decretar un receso para que las áreas especializadas revisen la misma; una vez que funcione adecuadamente, se reanudará la sesión.
