En cinco horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
Con 271 votos a favor, 134 en contra y ocho abstenciones, la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador será enviada al Senado de la República para el mismo trámite, previo al cierre del periodo de sesiones del 30 de abril.
La reforma al sector de Hidrocarburos, enviada el pasado 26 de marzo por el Presidente, permitirá al Gobierno mexicano suspender permisos y realizar ocupaciones e intervenciones temporales, “para garantizar los intereses de la nación” y cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
También mantiene la denegación ficticia de nuevas solicitudes de permiso y que se debe demostrar la capacidad de almacenamiento antes de adquirir un permiso para este fin.
A última hora, la propuesta sufrió un cambio por el que se conceden 30 días naturales para que el permisionario sea notificado de la suspensión, se defienda y la autoridad decida si procede o no la suspensión.
“La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en que, en su caso, incurra éste”, se lee en la propuesta enviada a los senadores.
Abril Moreno, socia directora de Perceptia21, afirmó que este cambio es mínimo, aunque consideró positivo que se tomen en cuenta algunas sugerencias hechas durante el diálogo con especialistas del sector energético el pasado 6 de abril.
Sin embargo, afirmó que el fondo de la propuesta no se resolvió porque se mantiene la discrecionalidad para suspender los permisos al no definir conceptos como qué es la seguridad nacional y qué agencia u organismo lo determinará.
Ramsés Pech, analista del sector energético, recomendó un protocolo avalado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Sener y los participantes del mercado para determinar el grado de omisión, mal uso u operación para llevar a cabo la suspensión.
Por su parte, las gasolineras afiliadas a la Onexpo afirmaron que ante la inminente aprobación y publicación de la reforma al sector de Hidrocarburos, ya estudian “los mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento jurídico nacional”.
“Están analizando y evaluando, entre otros, el aspecto relacionado con los alcances y efectos de estas modificaciones y las medidas que cada unidad económica y la integralidad del sector permiten”, señalaron.
Al presentar el dictamen, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, aseguró que los cambios del presidente Andrés Manuel López Obrador al sector de hidrocarburos están plenamente fundados y motivados en los esfuerzos por alcanzar la dependencia energética del país.
Dijo que al importar 70 por ciento de los combustibles, México es el “país petrolero que más gasolina importa en el mundo”, lo cual, agregó, es producto de una disminución de 50 por ciento en la producción de hidrocarburos de 2004 a 2018, así como del robo y contrabando de combustibles en las últimas décadas.
También se agregó un artículo transitorio al dictamen, en el que se menciona que a su entrada en vigor, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
El pasado 12 de abril, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso de la Unión no aprobar esta reforma, ya que afectaría la competencia y libre concurrencia en toda la cadena de valor de la industria de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que incrementaría el precio que pagan las familias y empresas mexicanas por productos como la gasolina y el diésel.
El diputado Pablo Gómez, de Morena, criticó al organismo autónomo por no estar facultado constitucionalmente como asesor del Congreso de la Unión.
Del PAN, el diputado Justino Arriaga Rojas, dijo que la reforma “es una legislación que viola la Constitución mexicana y varios tratados internacionales vigentes, poniendo en riesgo las inversiones de las empresas permisionarias en beneficio de las empresas del Estado”.
Recordó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señaló en la “evaluación del impacto presupuestario del proyecto de Ley de Hidrocarburos” que causará un impacto presupuestario adicional por el pago de los efectos a los permisionarios que lo soliciten. “Va a haber otro impacto presupuestario como el que generó el capricho del Presidente cuando canceló el aeropuerto de Texcoco“, afirmó.
Asimismo, mencionó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) también coincidió en que el
