El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, deploró la actuación de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aplicar criterios distintos a los ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del gobierno federal y del partido Morena, que sólo sirven para satisfacer los caprichos del Presidente.
Cortés Mendoza dijo que era preocupante que al suspender el visto bueno del INE para posponer la consulta por dos ministros, la SCJN reaccionara rápidamente ante la polémica del presidente de la Cámara de Diputados, con la clara intención de favorecer los deseos ególatras del mandatario de “ratificar” su mandato.
Por otro lado, criticó al mismo tribunal por aplicar un criterio diferente para resolver la controversia constitucional presentada por el INE e instruir a la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para organizar el referéndum revocatorio.
“Tenemos muy claro que el Tribunal no aplicó los mismos criterios en sus decisiones. Respetamos la decisión de los ministros, pero en este caso concreto se corre el riesgo de politizar la interpretación de la ley”, dijo.
Exigió que, por el bien de México, la Corte detenga cuanto antes el carísimo e inconstitucional truco publicitario de López Obrador, pues de cumplirse el capricho del presidente, costaría a todos los mexicanos al menos 4 mil millones de pesos, fondos que deberían utilizarse para reactivar la economía, crear empleos y combatir la pobreza.
El dirigente panista señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe permitir una clara violación constitucional, ya que la revocación se desvirtúa claramente en una ratificación de mandato, deformando la figura de facultar a los ciudadanos para revocar el mandato por pérdida de confianza.
Esto queda muy claro cuando todos sus recursos, clientela y beneficiarios de los programas son promovidos por las propias estructuras del Estado, por el partido gobernante y por el propio Presidente de la República.
Marko exhortó a los ministros de la Corte a no dejarse presionar para asumir una posición legal, congruente y responsable con el país y llamó a las demás fuerzas políticas y a la sociedad civil organizada a levantar la voz y defender al Instituto Nacional Electoral, que es un órgano con autonomía constitucional fundamental para la vigencia de nuestra democracia.
Señaló que si bien respetamos la decisión de dos ministros de permitir que el INE continúe con los preparativos del ejercicio de revocación, debemos esperar a que el propio pleno de la Corte analice y resuelva el fondo de la controversia presentada.
“Rechazamos enérgicamente los ataques orquestados por el gobierno y su partido contra la autoridad electoral y sus diputados”, añadió.
Dijo que la revocación del poder ciudadano se está desvirtuando por completo como ratificación de mandato y se ajusta a los deseos del Presidente, lo que significa un gasto público absolutamente inútil, sobre todo en un momento en que la economía de las familias mexicanas se está viendo severamente afectada.
El líder panista también cuestionó la conducta de los órganos del Congreso Federal, al señalar que cuando el presidente López Obrador emitió el acuerdo de no adjudicación y el ocultamiento de información sobre las obras de infraestructura del sexenio, los senadores de oposición pidieron a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado que presentara una impugnación constitucional al “decretazo” presidencial, a lo que se negó.
Sin embargo, todo lo contrario cuando el acuerdo del INE fue impugnado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, contradiciendo las acciones de Morena y de la propia presidenta del Senado.
“Es evidente que el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado están sometidos y sirven a los intereses del Ejecutivo federal, ya que su actuación es completamente diferente cuando se trata de defender la legalidad de los actos de gobierno”, explicó.
Cortés Mendoza afirmó que la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis funcionarios electorales que votaron por posponer la revocación de mandato es políticamente inaceptable y jurídicamente intrascendente, pero forma parte de la misma campaña de desprestigio del INE y sus funcionarios electorales.
