El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tomen medidas contra la corrupción como parte de un plan multimillonario para la región para frenar la migración ilegal.
Pero las acusaciones de corrupción y autoritarismo persiguen a algunos de los líderes con los que Biden debe trabajar en Centroamérica.
El año pasado, los tres países se situaron en la mitad inferior de la clasificación mundial de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Honduras ocupó el puesto 157 de 180 países, su peor puntuación en casi una década.
Desde que asumió el cargo en enero, el gobierno de Biden se ha comprometido a formar un grupo de trabajo regional para hacer frente a la corrupción y ha amenazado con congelar las cuentas bancarias estadounidenses de los funcionarios corruptos de la zona conocida como el Triángulo Norte de América Central, responsable de gran parte de la migración indocumentada a Estados Unidos.
Con las aprehensiones en la frontera entre Estados Unidos y México en su nivel más alto en dos décadas, Biden busca implementar un plan de 4.000 millones de dólares para la región en los próximos cuatro años.
Washington considera que la corrupción y el mal gobierno, junto con la pobreza y la violencia, son factores clave detrás de la migración centroamericana, y le preocupa que la ayuda financiera de EE.UU. pueda verse afectada.
“No vamos a poder tener una asociación estrecha con gobiernos que no se comprometan a trabajar contra la corrupción”, dijo a Reuters Brendan O’Brien, encargado de negocios de la embajada estadounidense en El Salvador.
La administración Biden quiere que los gobiernos de la región cumplan con “fuertes (…) puntos de referencia en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, apoyen la independencia electoral y judicial y protejan los derechos humanos, dijo a Reuters un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.
“Abordar los enormes desafíos de la región requiere un cambio sistémico y la voluntad política de los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras“, añadió.
PREOCUPACIÓN
Pero el historial de corrupción en la región es irregular.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández advirtió que la investigación de los fiscales estadounidenses sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico podría perjudicar la cooperación internacional. El presidente, cuyo hermano fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de drogas a finales de marzo, ha negado las acusaciones.
En El Salvador, donde la creciente concentración de poder del presidente Nayib Bukele preocupa a Washington, el carismático líder de 39 años ha criticado el plan de Biden como una repetición de la Alianza para la Prosperidad de la era de Barack Obama, que, según él, no dio resultados.
Y en Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei provocó la indignación de los activistas el mes pasado al nombrar a su abogado para un puesto en el máximo tribunal del país.
“Va a ser difícil para el gobierno de Biden encontrar aliados fiables entre los gobiernos centroamericanos”, dijo Adam Isacson, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), un grupo de defensa de los derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses como Roberta Jacobson, coordinadora para la frontera sur, han dicho que Washington seguirá canalizando el apoyo a grupos de la sociedad civil en la región, limitando la ayuda directa a los gobiernos.
Pero un alto funcionario de la administración Biden dijo a Reuters, bajo condición de anonimato, que las ONG suelen estar mal equipadas para absorber los millones de dólares que Washington pretende asignar y que es necesario mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de sus programas.
El jefe de gabinete de Hernández, Carlos Madera, dijo que Honduras “no dejará” de ser un socio confiable de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y atacará la corrupción.
“Nosotros con Estados Unidos hemos sido sumamente exitosos en la relación de cooperación bilateral, no creo que esta vez sea la diferencia”, dijo la semana pasada antes de partir a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses.
La Presidencia de Guatemala, por su parte, aseguró a Reuters en un comunicado que la lucha contra la corrupción es una de las principales prioridades de Giammattei.
“La lucha contra la corrupción es un compromiso y una prioridad del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y no depende de disposiciones, ni de condicionamientos provenientes del exterior, sino que se hace porque es lo correcto”, sostuvo.
“CHEQUE EN BLANCO”.
En gran parte, el aumento de la migración desde Centroamérica refleja una dura realidad económica: la pandemia de coronavirus unida a dos potentes huracanes que azotaron la región a finales del año pasado ha dejado a cientos de miles de personas desesperadas.
El Triángulo
