Una eventual integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podría invalidar las diversas impugnaciones y amparos en proceso que ciudadanos, organizaciones civiles e instituciones de derechos humanos han interpuesto contra el cuerpo de seguridad creado en este sexenio y que el pasado 2 de julio cumplió dos años en funciones.
De acuerdo con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, esto se debe a que la reforma constitucional también modificaría el marco legal y reglamentario de la GN, lo que podría dejar la puerta abierta a la continuidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sin efecto las controversias en su contra.
“¿Qué pasaría si hay una modificación sustancial de los artículos que podrían ser declarados inconstitucionales? Con las eventuales reformas que se derivarían de esta idea de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, esos asuntos que hoy tiene la Corte simplemente quedarían sin materia”, dijo en entrevista con El Sol de México.
El pasado 15 de junio, el presidente López Obrador informó que entre las reformas constitucionales que contempla para la segunda mitad de su gobierno está la de integrar la GN a las filas del Ejército, iniciativa que enviará al Poder Legislativo una vez que se acredite la operación de este cuerpo de seguridad, en 2023.
De 2019 a la fecha hay al menos seis acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los partidos de oposición en el Congreso de la Unión. Además, organizaciones civiles han recurrido a la militarización de este cuerpo de seguridad.
Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una de las organizaciones que han interpuesto recursos legales contra la militarización de la Guardia Nacional, coincidió con Burgoa. Indicó que la propuesta de López Obrador de incorporar este cuerpo a la Sedena restaría fuerza a las acciones de inconstitucionalidad y a los recursos presentados ante la Corte.
Advirtió que de concretarse los cambios constitucionales deseados por el Presidente, los casos ante la Corte serían desechados, “es decir, al haber un cambio en la situación jurídica, los casos quedarían sin materia”.
“En el momento en que la discusión llegue al Pleno, los ministros dirían que ya no hay materia, aunque depende de cuánto se modifique”.
Torres Landa confía en que la reforma constitucional presentada por López Obrador no avance en el Legislativo.
Una de las controversias constitucionales contra la GN fue presentada por el PAN.
La diputada Adriana Dávila explica que “el aumento de los delitos evidencia que la Guardia Nacional no era la solución para resolver estos problemas”, por lo que volverán a impugnar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Por su parte, MUCD pide que se garantice el carácter civil de la GN, dijo en entrevista Cristina Reyes, abogada de la organización.
Francisco Burgoa indica que la Guardia Nacional no ha cumplido con el mandato constitucional de tener un carácter civil, ya que tanto en lo administrativo como en lo operativo está conformada por elementos del Ejército. Datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana indican que siete de cada 10 integrantes de esta institución son militares.
“Dos años nos han demostrado que la Guardia Nacional aún no está totalmente organizada en cumplimiento del mandato constitucional y legal, porque si hablamos de que debería estar integrada totalmente por civiles, los cuerpos que la conforman son totalmente militares”, dice el profesor de la Facultad de Derecho.
Por ahora, el futuro de este cuerpo de seguridad pasa por dos instancias diferentes. Mientras el Poder Judicial resolverá si hay alguna inconstitucionalidad en su funcionamiento, será el Poder Legislativo quien determine si es necesaria o no una eventual reforma constitucional, para lo cual se requieren las dos terceras partes de ambas Cámaras federales y el voto de al menos 17 Congresos locales.
La CNDH también ha interpuesto acciones legales contra las leyes de la Guardia Nacional, del Uso de la Fuerza Pública y del Registro de Detenciones.
Se buscó al organismo para hablar de estos procesos sin respuesta.
Con información de Manrique Gandaria
