La pandemia, sumada a una serie de restricciones presupuestarias, frenó la evaluación de los alcances y resultados de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), retrasando su consolidación por más de un año, señaló la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
Esto se debe a que se frenó el Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción (MOSEC), que inició formalmente en marzo de 2020 como parte del documento en el que se establecieron sus bases, estrategias y rutas de trabajo a seguir.
“Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 detuvo cualquier trabajo relacionado hasta que la emergencia fuera superada”, señaló la Secretaría en su informe del Programa Institucional 2020-2024.
Esto llevó a replantear el trabajo del MOSEC y a rediseñar la ruta de integración a los tipos de trabajo a distancia, retrasando la presentación de la nueva ruta de trabajo hasta septiembre de 2020, lo que permitirá iniciar su nueva integración durante el primer semestre de 2021, es decir, un año después.
Es decir, se afectó uno de los objetivos prioritarios del PAN, tanto a nivel federal como estatal, que se refiere a la obligación del SESNA de elaborar y someter a consideración de la Comisión Ejecutiva la propuesta que permita dar seguimiento puntual al fenómeno de la corrupción, así como evaluar los alcances y resultados de la Política Nacional, establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Otro aspecto destacado en el informe se refiere al apoyo brindado para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción (PEA). Aunque la Secretaría informó que puso a disposición de las entidades federativas materiales de apoyo para su diseño y evaluación técnica, indicó que 25 estados no cuentan con políticas anticorrupción concluidas.
En resumen, informó que 13 entidades tienen una PEA en proceso de elaboración, 10 entidades en retroalimentación y dos no han iniciado su proceso de elaboración; mientras que sólo siete entidades cuentan con una política aprobada.
“A nivel nacional, la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y la consecuente reducción de recursos presupuestales implicó, en el primer semestre, un retraso en el cumplimiento de metas y objetivos”, concluyó. Sin embargo, resaltó que la exploración de alternativas y estrategias de coordinación con las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción “dieron como resultado avances sustanciales” al finalizar el año.
