El cuerpo de un hombre que se desangra yace sobre el volante tras recibir un disparo en el cuello. Junto a él, una mujer alterada gritaba por su muerte. Según las autoridades se trató de un crimen pasional, ya que su marido disparó a su amante la tarde del 27 de agosto de 2018. Herido, intentó huir en su vehículo, aunque sólo recorrió unas cuadras hasta llegar a la calle Del Puente, en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Otra versión es que se trató de un intento de robo.
Exactamente dos años después, el 27 de agosto de 2020, durante la noche y a dos calles de distancia de donde ocurrió el primer homicidio, otro hombre fue ejecutado con un arma de fuego en la parte trasera de un automóvil. Dos impactos de bala se alojaron en el tórax y uno más en el cuello. Las investigaciones señalaron como responsable a una banda criminal que dos meses antes había asesinado a cuatro jóvenes en la colonia Torres de Potrero.
La espiral de violencia con armas de fuego se reproduce en todo el país debido al imparable tráfico de armas ilegales. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estima que cada año entran a territorio nacional entre 200 mil y 250 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos.
Ante estas enormes cifras, los esfuerzos del gobierno federal para desarmar a las organizaciones criminales son minúsculos. Durante la actual administración, las fuerzas armadas decomisaron 13 mil 300 armas cortas y largas entre enero de 2019 y enero de 2021: 12 mil 500 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 800 por parte de la Secretaría de Marina (Semar), de acuerdo con solicitudes de información obtenidas vía transparencia. Esto significa que las fuerzas militares han asegurado un promedio de 6 mil 650 armas cada año, lo que representa sólo el cuatro por ciento de las que ingresan de manera ilegal, con base en la cifra mínima de 200 mil estimada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En contraste con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante todo el sexenio de Felipe Calderón (2013 a 2018), sólo la Sedena aseguró 127 mil 58 armas de fuego cortas y largas, un promedio de 21 mil por año.
Una de las posibles causas de los mínimos decomisos es la multiplicidad de tareas que han sido encomendadas a las fuerzas armadas, dice Javier Oliva Posada, especialista en defensa y seguridad nacional. “Hay que tomar en cuenta la cantidad de responsabilidades que el presidente ha asignado a la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional. Desde la construcción del aeropuerto (Felipe Ángeles), la vigilancia de las aduanas marítimas, la contención de la migración, la construcción de trenes, bancos, más las tareas naturales que tienen, evidentemente ha habido una disminución en los temas de erradicación”, explica el investigador de la UNAM.
Y por otro lado, señala Oliva Posada: “en esto de la incautación de armas no se han desplegado las capacidades diplomáticas y de coordinación con Estados Unidos”.
La porosidad de la frontera con Estados Unidos y el sureste del país; la corrupción en las aduanas, y la falta de una estrategia e investigaciones para combatir el tráfico de armas -no sólo en este sexenio-, han contribuido a que las armas lleguen a manos de los grupos del crimen organizado y la delincuencia común.
Ayer, el presidente López Obrador apoyó y celebró que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, propusiera regular la producción y distribución de armas en territorio estadounidense, “muchas de las cuales se introducen en nuestro país”. También anunció que en los próximos días dará a conocer las investigaciones y resultados contra esta actividad ilícita.
El 8 de abril, Biden anunció un paquete de medidas destinadas a reforzar el control de la venta de “armas fantasma”, difíciles de rastrear. La legislación incluiría la venta de kits para ensamblar armas caseras sin número de serie y rifles de asalto. Con ello, el presidente estadounidense pretende frenar la epidemia de violencia.
