La falta de acceso a analgésicos opiáceos hace que México no sea uno de los mejores lugares para morir. El país ocupa el puesto 43 de 80 evaluados en el último Índice de Calidad de la Muerte elaborado por The Economist y financiado por la Fundación Lien.
Sin suficientes hospitales que ofrezcan servicios paliativos y la odisea del acceso a opiáceos, esenciales para el manejo del dolor crónico y la disnea (dificultad para respirar), miles de mexicanos terminan sus días en la agonía.
Este es el primero de cuatro textos que describen las barreras de atención y tratamiento que enfrentan los pacientes con dolor crónico y sus cuidadores. La falta de acceso a los medicamentos opioides por el estigma que rodea su uso o el temor a que generen una sociedad de adictos, es uno de esos obstáculos.
En 2017, un informe de la Comisión Lancet sobre el Acceso a los Cuidados Paliativos y el Alivio del Dolor reveló que el sistema sanitario mexicano apenas contaba con suficientes opioides para cubrir al 36 por ciento de los pacientes que los requerían.
“Dos años después, que son los últimos datos de los que disponemos, la situación es peor, porque se solicita menos morfina en términos generales y en su equivalente, y sólo alcanza para cubrir el 21 por ciento de esos requerimientos”, dice Héctor Arreola, uno de los investigadores que participó en el informe publicado por la prestigiosa revista médica.
La situación es aún más grave en los niños con enfermedades terminales, ya que la disponibilidad de medicamentos pediátricos es casi nula. “(Los niños) no pueden salir del hospital y quedarse en casa porque no hay medicamentos para controlar el dolor en solución”, advierte Felicia Knaul, que dirigió el trabajo de la Comisión Lancet.
También es doctora en Economía por la Universidad de Harvard y añade que la pandemia de Covid-19 empeoró las cosas porque el ya escaso medicamento también se utiliza para combatir la disnea en pacientes con coronavirus grave.
“México no está entre los mejores en términos de comparar el acceso a los opioides para el control del dolor en comparación con la necesidad de cuidados paliativos, y los datos que tenemos sugieren que está empeorando, que simplemente no tenemos suficiente medicamento en el país. Y también ha aumentado mucho la necesidad con Covid”.
El Atlas de Cuidados Paliativos en América Latina 2020 muestra que en términos de distribución de opioides nuestro país está por debajo de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. El fármaco más distribuido es el fentanilo (164,4 kg en total), seguido de la morfina (47,8 kg), la oxicodona (28,7 kg) y la hidromorfona (0,2 kg). La meperidina y la codeína fueron inexistentes.
Productos como el Tapentadol y la Buprenorfina ni siquiera se miden, ya que son utilizados por médicos e instituciones sanitarias.
No hay cifras exactas de cuántas personas sufren de dolor crónico; se estima que en México es alrededor de 27 por ciento de la población, aunque la cifra incluye a pacientes que no están al borde de la muerte y a pacientes con enfermedades terminales.
“El manejo adecuado del dolor es una necesidad insatisfecha”, dice José Agramonte, director médico del Grupo Grünenthal para México, Centroamérica y el Caribe. Esta empresa farmacéutica alemana es líder mundial en la investigación y manejo del dolor.
Agramonte aporta dos datos que dan una idea de la situación de México. El primero es que hasta 2019 sólo 685 farmacias en todo el país tenían licencia sanitaria para vender analgésicos opioides, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Para poner la cifra en perspectiva, según el Inegi, en el país hay 62 mil 395 farmacias.
El otro dato es que sólo 4 mil 961 médicos, de los 212 mil 434 de ese año, contaban con recetas especiales para recetar opioides, es decir, 2.33 por ciento.
Desde 2014, una investigación de Human Rights Watch (HRW) informó que los analgésicos opioides eran prácticamente inaccesibles fuera de las capitales de los estados. Su baja disponibilidad respondía a varias causas, pero la principal era la estricta normativa para recetarlos como sustancias controladas.
La legislación de entonces exigía una licencia para que los médicos recetaran estos medicamentos y otra para que las farmacias los almacenaran, expedidas por la Cofepris.
En el caso de la licencia para los médicos, el trámite sólo podía realizarse en las capitales de los estados y tenía que ser presencial. Por lo general, no se expedía el mismo día y los solicitantes tenían que regresar de nuevo para completar el proceso, lo que desalentaba a los médicos que vivían lejos de las capitales.
Además de la licencia, debían acudir a las oficinas de la Cofepris para solicitar físicamente formularios especiales de prescripción por triplicado que debían incluir, entre otros datos, su domicilio. Este requisito era un elemento disuasorio adicional, ya que representaba un riesgo para su seguridad.
