La Procuraduría General de la República, a petición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, solicitó la extradición del empresario Carlos Agustín Ahumada Kurtz por incumplir con contratos de desazolve de drenaje en la entonces delegación Gustavo A. Madero, así como de pavimentación de calles en Tláhuac, durante la administración del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Ayer se dio a conocer que un juez de Argentina autorizó la solicitud de extradición de Ahumada, derivada de una orden de reaprehensión girada en su contra por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de fraude genérico y fraude genérico continuado, ambos del fuero común.
De acuerdo con las investigaciones, en el caso del fraude genérico se señala que en 2003 Ahumada, junto con otras personas, inició una solicitud para desazolvar la red secundaria de drenaje en la entonces delegación Gustavo A. Madero debido a que “se colapsaba en la temporada de lluvias”.
“Para ello se depositaron 31 millones 285 mil 163 pesos a la cuenta de sus empresas; sin embargo, no realizaron la obra pública”, dijo la Fiscalía.
En ese año esta demarcación estaba justo en medio de la transición de los gobiernos de los delegados Joel Ortega Cuevas y Octavio Flores Millán, ambos del Partido de la Revolución Democrática. Actualmente, mientras el primero es señalado en el caso del colapso de la línea 12 del Metro, pues fungió como director del Sistema de Transporte Colectivo durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el segundo desapareció de la escena política después de su gestión.
Respecto al delito de fraude genérico continuado, las investigaciones establecieron que la empresa de Ahumada no realizó los trabajos de pavimentación de la carpeta asfáltica, así como la conservación y mantenimiento de la misma en el perímetro de la delegación Tláhuac, entonces a cargo del delegado Francisco Martínez Rojo, del mismo partido, “después de haber sido autorizado, en noviembre de 2002, dicho contrato, el cual debió cumplirse desde principios de 2003 y terminarse en 2005”.
Respecto a Martínez Rojo, se puede recordar que al final de su administración se fugó de la justicia, ya que entonces fue acusado del presunto delito de fraude por 29 millones de pesos por el pago de materiales de construcción que nunca se entregaron en relación con negocios celebrados con el propio Ahumada, lo que lo llevó a ser aprehendido y llevado al penal, aunque tiempo después fue liberado para trabajar como secretario particular de su sucesora en Tláhuac, Fátima Medina.
Según la fiscalía, por estos delitos, en su momento, el empresario fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales cumplió tres años, un mes y siete días en el Reclusorio Norte, por lo que su extradición será para pagar el resto de su condena, que es de un año, 10 meses y 23 días.
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