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¿Qué está pasando en Haití? Aquí tienes 5 claves para entender la crisis del país caribeño.

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El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado el miércoles por hombres armados en su residencia de Puerto Príncipe, un asesinato que llega en un momento en el que el país atraviesa una situación de profunda inestabilidad.

Estas son las claves para entender la crisis en la que está inmerso el país:

Haití ha convocado elecciones presidenciales y legislativas para el próximo 26 de septiembre, comicios en los que Moise no podría ser candidato.

En esa fecha también está prevista la celebración de un referéndum para aprobar una nueva Constitución, un proyecto impulsado por Moise con el fin de reforzar la figura del jefe de Estado, aunque aseguró que no se beneficiaría de la nueva carta magna.

La nueva Constitución fue fuertemente resistida por la oposición y todo el proceso fue visto con recelo por la comunidad internacional por falta de transparencia y por no ser suficientemente inclusivo.

En caso de muerte del presidente, la Constitución de 1987 establece que el Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, ejerce el poder ejecutivo hasta la elección de un nuevo gobernante.

En caso de fallecimiento después del cuarto año del mandato de cinco años, la Asamblea Nacional debe reunirse para elegir un presidente que cumpla el mandato del fallecido, pero desde enero de 2020 el Legislativo está cerrado debido al aplazamiento de las elecciones previstas para 2019.

La situación al frente del Gobierno tampoco está del todo clara, ya que actualmente hay dos primeros ministros designados.

Claude Joseph ocupa el cargo de forma interina desde el pasado mes de abril, pero este lunes Moise nombró a Ariel Henry, que aún no había asumido oficialmente el puesto.

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Por el momento, la única comunicación oficial sobre los acontecimientos proviene de Claude Joseph, quien ha asegurado que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen el control de la situación.

La crisis política se desencadenó en 2018 por las denuncias de corrupción de Moise, en torno a los fondos del programa de ayuda venezolano Petrocaribe, y se ha agravado en los últimos años por los problemas económicos y un clima político cada vez más tenso.

Las protestas, a menudo violentas, han paralizado las actividades en Puerto Príncipe durante varias semanas en estos tres años de inestabilidad, y han provocado el aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.

La crisis se agravó el pasado 7 de febrero, día en el que Moise denunció que la oposición, junto con un grupo de jueces del Tribunal de Casación (supremo) y altos cargos de la policía, estaban tramando un atentado contra él ese día.

Las autoridades practicaron varias detenciones, pero los implicados en el supuesto intento de golpe de Estado fueron puestos en libertad por orden judicial.

La oposición no reconoce la legitimidad de Moise desde el 7 de febrero de 2021, fecha en la que consideran que terminó su mandato, debido a una interpretación de un artículo de la Constitución, que permitiría entender que su gobierno comenzó en 2015, coincidiendo con la fecha de las elecciones que acabaron siendo anuladas y no con su investidura, que tuvo lugar en 2017.

Los partidos de la oposición, especialmente los de la izquierda, trataron a Moise de «dictador» por la controvertida forma de gobernar -por decreto- desde el cierre del Parlamento, algo por lo que también ha sido criticado por la comunidad internacional.

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Sin embargo, Moise siempre ha asegurado que su intención era dejar el poder el 7 de febrero de 2022, cinco años después de su investidura, y entregarlo a quien fuera elegido.

A medida que la crisis se agravaba, Moise se ganó enemigos entre las familias adineradas, que controlan negocios clave en el país, como la energía, la telefonía o la banca, a las que ha culpado de la corrupción sistémica y la inestabilidad crónica que vive el país.

Recientemente, Moise también se ha ganado enemigos entre las poderosas bandas armadas que controlan muchos de los barrios pobres de Puerto Príncipe.

La violencia de las bandas se ha recrudecido desde principios de junio, sobre todo por la acción del G9 an Fanmi e Alye, una federación de bandas que hasta hace poco se consideraba en la órbita del gobierno y que en las últimas semanas ha declarado la guerra a Moise.

Los conflictos entre las bandas han causado decenas de muertos y heridos y al menos 17.000 desplazados desde principios de junio, debido a los enfrentamientos en barrios como Martissant y Delmas.

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Un ex militar colombiano es acusado en EE.UU. por el asesinato del presidente de Haití

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Un ex militar colombiano fue acusado el martes en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato de Jovenel Moise, presidente de Haití.

El hombre, de 43 años, está acusado de participar «en un complot para secuestrar o asesinar» al presidente haitiano el pasado mes de julio, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

El colombiano fue detenido el lunes en un aeropuerto de Panamá, cuando se encontraba en un vuelo de Jamaica a Colombia; posteriormente fue extraditado a Miami, donde compareció ante un juez el martes.

Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, se enfrenta a cadena perpetua.

En reacción a la acusación, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, dijo en un mensaje transmitido por su oficina a la AFP que desea que «la justicia triunfe por el infame asesinato de Jovenel Moise, no sólo para el ex presidente sino también para su familia y para nuestra nación».

La Fiscalía estadounidense afirma que el complot contra Moise «se centró inicialmente en el secuestro del presidente como parte de una supuesta operación de arresto», pero «finalmente resultó en un complot para asesinar», bajo la dirección de un hombre identificado como «co-conspirador número 1».

Este hombre, con doble nacionalidad haitiana y estadounidense, está detenido en Haití.

Los fiscales afirman en la denuncia que «el 7 de julio de 2021, […] entraron en la residencia del presidente en Haití con la intención y el propósito de matar al presidente Moise, y de hecho el presidente fue asesinado».

El nuevo imputado ya había sido detenido en octubre pasado en Jamaica, fue liberado y deportado a Colombia porque Haití no aportó pruebas suficientes de su participación en el asesinato.

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Sin embargo, fue detenido por las autoridades panameñas cuando hizo escala en el aeropuerto internacional de Tocumen.

Según la directora del Servicio Nacional de Migración panameño, Samira Gozaine, tras su detención, el acusado «aceptó la extradición voluntaria y por eso anoche (lunes) abordó un vuelo a Miami».

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) está trabajando en el caso con otros socios, como los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Aunque varios haitianos, dos estadounidenses y una quincena de colombianos acusados de estar implicados en el asesinato de Moise están encarcelados en la prisión de Puerto Príncipe desde el verano, la investigación sobre el asesinato no parece avanzar.

El asesinato del presidente ahondó en la profunda crisis política en la que está inmerso Haití desde hace años.

El Primer Ministro Henry también denunció haber sido objeto de un intento de asesinato.

En una entrevista con la AFP publicada el lunes, Henry dijo que tuvo que salir corriendo de las celebraciones de la fiesta nacional el sábado en la ciudad de Gonaives bajo ráfagas de disparos que alcanzaron su vehículo blindado.

Sin un parlamento que funcione desde hace dos años y con un poder judicial paralizado, Haití, el país más pobre del Caribe, se hunde en una crisis de gobernabilidad.

El creciente control de las bandas sobre el territorio nacional dificulta las esperanzas de una mejora de las condiciones de vida de la población, víctima de secuestros cometidos diariamente por bandas armadas.

En 2021 se registraron al menos 950 secuestros en Haití, según el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos, con sede en Puerto Príncipe.

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IHU, la nueva variante de Covid 19 con más mutaciones que Omicron

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Hace unas semanas, investigadores franceses identificaron una nueva variante de Covid derivada de otra variante cuyos primeros casos se descubrieron en la República del Congo el pasado mes de septiembre.El Institut Hospitalier Universitaire de Marseille, donde se originó este descubrimiento, anunció en su cuenta de Twitter el 9 de diciembre que había bautizado a esta variante con el acrónimo IHU.Sus investigadores publicaron a finales del mes pasado un estudio preliminar sobre esta «variante IHU«, denominada B.1, que aún debe ser confirmado por sus homólogos. Según este centro especializado en enfermedades infecciosas, fundado y dirigido por el controvertido médico Didier Raoult, los primeros casos de este tipo fueron detectados por científicos en la localidad de Forcalquier, en el departamento de Alpes de Alta Provenza. Esta variante contiene 46 mutaciones, incluso más que Omicron, y es uno de los dos derivados de B.1 Una característica especial de la «variante IHU es que una de sus mutaciones está asociada a un posible aumento de la transmisión del virus.

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La OPEP+ prevé aumentar la producción de petróleo a partir de febrero

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Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) acordaron el martes mantener el aumento de la producción de petróleo previsto para febrero, debido a que prevén que la presencia de la variante Omicron de Covid-19 tendrá un impacto efímero en la demanda.

La OPEP, que también forma parte de una alianza liderada por Rusia, ha aumentado su objetivo de producción de crudo todos los meses desde el pasado agosto, con un incremento de 400 mil barriles diarios (bpd).

Por su parte, Estados Unidos ha instado a la OPEP+ a bombear más crudo para ayudar a la recuperación económica mundial de la pandemia, además de enfriar los precios, que se cotizan en torno a los 80 dólares por barril; sin embargo, el mercado asegura que está equilibrado, por lo que no es necesaria más producción de petróleo.

La OPEP está retirando los recortes de producción de 10 millones de bpd aplicados en 2020, a medida que la demanda de petróleo y los precios se recuperan de su caída por la pandemia.

Según los planes actuales de la OPEP+, el objetivo de 400.000 bpd se elevará de nuevo, lo que dejará unos 3 millones de bpd en recortes que se desharán en septiembre, según el acuerdo alcanzado el pasado julio.

A través de un informe técnico, la OPEP+ restó importancia al impacto económico de la variante Omicron de Covid-19 en la demanda de petróleo, asegurando que sería «leve y de corta duración».

«Esto se suma a unas perspectivas económicas estables tanto en las economías avanzadas como en las emergentes2, afirmó la OPEP+.

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En cambio, la producción real no ha alcanzado un ritmo similar al de las previsiones de producción de la OPEP, ya que algunos miembros de la organización están luchando contra las limitaciones de capacidad.

Por otra parte, los productores de la OPEP incumplieron sus objetivos de 730 mil bpd en octubre y de 650 mil bpd en noviembre, según la Agencia Internacional de la Energía.

Según fuentes internacionales, la próxima reunión de la OPEP se celebrará el 2 de febrero.

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