En un periodo de 11 años y tres meses (2010 a marzo de 2021), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció penalmente a 11 jueces y 14 magistrados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones contra algunos de los jueces se deben a que otorgaron amparos a miembros del crimen organizado, crecimiento inexplicable de su patrimonio, casos de acoso sexual y por su presunta relación con los dueños de gasolineras que vendían combustible robado, según la respuesta del Poder Judicial a una solicitud de transparencia.
Hasta ahora, el único magistrado que ha sido detenido y encarcelado es Isidro N, quien fue aprehendido en 2019 por su presunta relación con el Cártel de Jalisco-Nueva Generación (CJNG) y está preso en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
No sólo los jueces y magistrados están en la mira del CJF. El organismo informó que en el mismo lapso de tiempo otros 82 servidores públicos, entre secretarios judiciales, secretarios de juzgado, secretarios particulares y funcionarios administrativos, también fueron denunciados penalmente ante el organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero.
Entre las conductas detectadas en este personal, y que podrían constituir delitos, están la presentación de títulos profesionales apócrifos, el ofrecimiento de plazas a cambio de dinero, amenazas o tocamientos a servidores públicos y el uso ilícito de información del Consejo de la Judicatura Federal.
Algunos de estos servidores públicos también han sido denunciados por quedarse con parte del sueldo o la remuneración de sus subordinados, por no acreditar el crecimiento de su patrimonio y por inducir a particulares a transferir sus acciones en empresas bajo amenaza.
El órgano encargado de garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los integrantes de los Juzgados de Distrito y Tribunales Federales de Circuito también informó que el año pasado suspendió de sus funciones a siete magistrados y tres jueces, destituyó a dos magistrados e inhabilitó a cinco más.
Y en los primeros tres meses de este año ya suspendió a dos magistrados, destituyó a un magistrado y a dos jueces e inhabilitó a un secretario en funciones de juez al detectar conductas irregulares en el desempeño de sus funciones.
Señaló que entre los funcionarios sancionados en 2020 se encuentra un magistrado inhabilitado el 24 de febrero por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales; otro suspendido el 25 de marzo por supuestos actos de violencia física, moral y sexual contra una colaboradora, y un juez destituido en abril por acoso sexual.
En mayo de ese mismo año, el Poder Judicial también destituyó a un secretario en funciones de juez por conceder nombramientos a su hija, y a un juez por “errores inexcusables”. En este último caso, el juez dejó en libertad, en lugar de llevar a juicio, a personas implicadas en el almacenamiento y transporte de armas de fuego y cartuchos.
Uno de los casos más sonados de corrupción al interior de la Judicatura fue la filtración y comercialización de los exámenes del vigésimo octavo concurso interno para proveer plazas en la Judicatura, por lo que se impusieron sanciones a los servidores públicos involucrados y se inhabilitó por 10 años a un magistrado de circuito.
“Con esta decisión concluyó uno de los episodios más lacerantes en la historia del Consejo de la Judicatura Federal. No se tolerarán conductas similares en el Poder Judicial Federal“, dijo el ministro Arturo Zaldívar en su segundo informe de labores.
Otro caso fue el del ex director general de Inmuebles y Mantenimiento, conocido como “el cajuelazo” porque se descubrieron cuatro millones de pesos en la cajuela de su auto, en febrero de 2017. Fue hasta 2020 que se le inhabilitó por 20 años y se le sancionó con una multa de 3.49 millones de pesos.
Otro juez de Coahuila recibió más de 50 denuncias por presuntos vínculos con dueños de gasolineras que solicitaron amparo para evitar la clausura de sus instalaciones tras detectarse la venta de huachicol.
Hace dos años, la organización México Justo propuso ampliar los requisitos para ser magistrado como una forma de acabar con la corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial.
Su presidente, Juan Carlos Pérez Góngora, señaló que combatir ambos problemas es un objetivo fundamental para que la sociedad recupere la confianza en el Poder Judicial, cuyas autoridades ocupan actualmente el tercer lugar en la percepción de corrupción entre los mexicanos.
En abril de este año, el Senado de la República aprobó la reforma que crea la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, que busca erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados a través de sanciones severas que van desde la jubilación temporal hasta la inhabilitación por 20 años.
