BOGOTÁ. Miles de personas volvieron a las calles de Colombia para protestar contra el gobierno de Iván Duque, al término de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y dejaron 24 muertos, la mayoría de ellos baleados.
Bajo el escrutinio de la comunidad internacional, que denunció los excesos de las fuerzas de seguridad, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital, Bogotá, así como de Medellín, en el noroeste, y de Cali, en el suroeste.
En Cali, foco de los disturbios, miles de indígenas se sumaron a las protestas agitando sus porras y gritando “resistencia”, mientras que una masiva manifestación tomó las calles de Medellín (noroeste) con música, teatro y cánticos contra el gobierno.
Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se volvieron violentas. Según las cifras oficiales, al menos 24 personas murieron (18 por disparos), más de 800 resultaron heridas y 89 están desaparecidas. Las organizaciones denuncian que la policía ha disparado contra los manifestantes y que más de 30 personas han muerto.
Bogotá vivió una noche tensa el martes por la noche. Treinta ciudadanos y 16 policías resultaron heridos tras los ataques contra 25 puestos de policía, uno de los cuales fue incendiado con 10 policías dentro, que pudieron escapar.
La violencia también se desató el lunes en Cali, dejando cinco muertos y una treintena de heridos.
Según la Fiscalía, detrás de los disturbios están las disidencias de las FARC que se alejaron del acuerdo de paz firmado en 2016; el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas de narcotraficantes.
A las movilizaciones y disturbios se suman los bloqueos de carreteras. En algunas ciudades, como Cali, hay escasez de gasolina y preocupación por el paso de camiones con alimentos y suministros médicos en medio de la pandemia de coronavirus.
En respuesta, Duque advirtió que no descarta decretar un estado de conmoción interior. Según la Constitución, se trata de un estado de excepción que puede ser declarado por el presidente cuando existan graves alteraciones del orden público que amenacen de manera inminente la estabilidad institucional.
También otorga al Presidente poderes excepcionales con los que puede incluso dictar leyes y decretos.
