La Policía Civil del estado de Río de Janeiro rechazó las acusaciones de supuestos abusos y ejecuciones extrajudiciales en la operación que llevó a cabo el jueves en una favela de Río de Janeiro, que se saldó con 25 muertos, la mayor masacre de la historia de esta ciudad brasileña. Los jefes de las comisarías responsables de la operación, en una larga rueda de prensa que dedicaron en su mayor parte a negar las acusaciones de abusos, alegaron que la operación fue planificada, autorizada y supervisada por el Ministerio Público, y que su objetivo era desmantelar una banda de narcotraficantes que reclutaba a menores para acciones delictivas.
“La Policía Civil no actúa por emoción. Fue una operación muy bien planeada, que cumplió con todos los protocolos y fue el resultado de 10 meses de investigación”, dijo el comisario Rodrigo Oliveira, refiriéndose a las versiones según las cuales el asesinato de 24 presuntos delincuentes fue una venganza de los agentes por la muerte de uno de sus colegas al inicio de la operación.
Según los agentes, durante una investigación de casi 10 meses, la policía descubrió que la banda que controlaba el tráfico de drogas en la favela de Jacarezinho, una barriada empobrecida y violenta en la zona norte de la ciudad, obligaba a los menores a cometer delitos e imponía sus reglas a los vecinos, incluso autorizando o prohibiendo citas y viajes.
“Los delincuentes reclutaban a los hijos de los trabajadores e incluso prohibían el derecho de alguien a tener una relación con la persona que ama. Si por alguna razón los narcotraficantes no aprobaban esa relación, esa persona podía incluso perder la vida”, añadió.Los datos oficiales indican que un policía perdió la vida minutos después de ser golpeado en la cabeza y que 24 sospechosos (que los comisarios no calificaron de meros sospechosos sino de probados pistoleros) murieron durante la operación en la favela de Jacarezinho.
Según HRW, el Ministerio Público, con la obligación constitucional de ejercer un control externo sobre la policía, tiene que “garantizar que los investigadores preserven las escenas del crimen, impedir que los cuerpos sean retirados hasta que los expertos concluyan su trabajo, confiscar todas las armas de la policía para el examen balístico y recoger todas las pruebas posibles”.
“No hubo ninguna ejecución (extrajudicial). La Policía se limitó a cumplir la ley y a realizar una operación ordenada por la Justicia para cumplir 21 órdenes de detención”, aseguró Oliveira.El comisario añadió que algunas de las fotos publicadas en las redes sociales que mostrarían posibles abusos son falsas y otras fueron tomadas en fechas diferentes e incluso en ciudades distintas.
En el balance de la operación, la Policía detuvo a 6 acusados de tráfico de drogas y se incautó de 16 pistolas, 6 fusiles, una ametralladora, 12 granadas, una escopeta y numerosa munición, incluso antiaérea.Según datos oficiales, unas 1.800 personas murieron en operaciones policiales en Río de Janeiro en 2019 y esa cifra se redujo a 1.300 víctimas en 2020, en parte gracias a la decisión del Tribunal Supremo de restringir operaciones como la de este jueves.
