El nuevo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que obliga a los mexicanos a proporcionar sus datos biométricos al adquirir una línea celular, dejará desconectados de las redes a por lo menos 20 millones de usuarios.
De acuerdo con Jorge Fernando Negrete, director de Digital Policy Law, esta política afecta a la población más pobre de México y a quienes, en su mayoría, utilizan recargas o una línea de prepago para usar la telefonía celular, quienes, además, se encuentran en las zonas más alejadas del país, donde no tienen un centro de atención ciudadana cercano, por lo que viven de las recargas.
“Por lo tanto, nuestros cálculos son que alrededor de 20 o 3 millones pueden ser desconectados por esta iniciativa”, dijo durante el foro virtual: “Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México“, organizado por Causa en Común.
El experto en Derecho Digital y Telecomunicaciones también estimó que esta nueva legislación acelerará el proceso de transformación digital del crimen organizado, además de abrir la puerta al contrabando de chips celulares.
“Porque parece que estos diputados no saben que, desde 2013, se eliminó el roaming con Estados Unidos y ahora las tarjetas de allá son de prepago y funcionan perfectamente bien aquí. Lo único que está estimulando esta iniciativa es que haya un mercado negro de contenedores con toneladas de sims que llegarán aquí para celebrar el proceso de transformación digital del crimen organizado”, dijo.
Por su parte, Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, criticó la falta de una política digital en el país que sirva de guía para delinear nuevas políticas como la que pretende regular la extorsión telefónica a través de este Panaut y la “entrega ciega de nuestros datos”.
Señaló que si bien los bancos y otras instituciones ya recolectan estos datos, los usuarios los proporcionan con su consideración, por lo que al ser una legislación obligatoria para todos los mexicanos, se deben garantizar todas las medidas de protección, ya que actualmente no hay certeza con este modelo que sería operado por entidades públicas, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y empresas privadas como Telcel, AT&T, Movistar, entre otras.
“Las empresas nos pueden prometer (que los datos biométricos estarán seguros), pero no tenemos seguridad, y de lo que estamos hablando es de seguridad constitucional, no comercial, con las consecuencias que esto conlleva”, reclamó.
Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, señaló que para que la reforma funcione necesitamos vivir en un país con autoridades que respeten los límites de sus funciones y atribuciones, en el que el gobierno aprecie el concepto de división de poderes, que considera que los derechos fundamentales son el límite básico para el ejercicio del poder.
Sin embargo, enfatizó que sólo hay siete países más corruptos que México en materia de Estado de Derecho, según el World Justice Project, por lo que el temor de que se vulneren los datos biométricos de los mexicanos “está plenamente justificado”.
“El problema es que el gobierno, y desde la cabeza, el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos han dado todas las señales posibles para decirnos que no están limitados por la Constitución, las leyes, que no tienen ningún reparo en tratar de influir y presionar directamente al Poder Judicial, utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con fines electorales, la Fiscalía General de la República (FGR) para influir en las campañas políticas. Entonces no es simplemente una medida legislativa, no es simplemente una discusión sobre los elementos técnicos de este dispositivo, hay que ubicarlo en este contexto”, advirtió.
María Elena Morera, quien encabeza Causa en Común, señaló que esta iniciativa, más que favorecer la seguridad, es una medida que facilita la inseguridad y criminaliza a toda la población que tiene una línea de teléfono celular al suponer que de entrada pueden cometer delitos como las llamadas de extorsión.
“No creo que ningún delincuente vaya a dar sus datos. Simplemente van a comprar una tarjeta sim o te van a apuntar con un arma (…) Entonces es justo al revés, también los criminaliza: puedes ser sospechoso porque desde tu celular vas a extorsionar a alguien”, comentó.
En este sentido, exigió a las autoridades federales que controlen los penales, de donde provienen la mayoría de estas llamadas de extorsión y que son la base de esta nueva disposición legal, ya que, dijo, en el último año se cometieron cuatro millones de extorsiones, de las cuales 86 por ciento fueron pagadas y están vinculadas a los penales federales del país.
“No pueden controlar ni siquiera un espacio cerrado, imagínense si van a poder controlar el registro de más de 120 millones de celulares”, afirmó.
