Hace un año y medio, los jóvenes pusieron en jaque al sistema con una revuelta por un modelo más justo, sin precedentes en la democracia chilena. Su descontento desencadenó un proceso constituyente sin precedentes y su participación en las elecciones de este fin de semana es crucial para legitimarlo.
Así, Chile elegirá este domingo a los responsables de redactar una nueva Constitución que elimine definitivamente todos los vestigios del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), aún presentes en la actual Carta Magna de la nación, promulgada en 1980.
Pedro Saéz, de 25 años, madrugó para emitir su voto en un local del este de Santiago. Es la primera vez que participa en una elección y cree que “algo” despertó en su generación el 18 de octubre de 2019, cuando estallaron las masivas protestas que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
“Vamos a escribir una Constitución para los próximos 30 años y me parece que sería irresponsable quedarnos en casa”, indicó a Efe el estudiante.
Para Lucas Ramírez, de 19 años y también votante por primera vez, “es importante que los mismos de siempre no decidan por nosotros lo que pasa en el país”.
Son unas elecciones inéditas, ya que nunca antes en el país se había puesto la redacción de una Constitución en manos de ciudadanos elegidos para la ocasión, y también son inéditas por su alcance, ya que se celebran junto a las municipales y regionales. Está en juego el molde del país para las próximas décadas, por encima de los gobiernos de turno, y la paz social tras las revueltas de octubre de 2019 de las que emanó este proceso y en las que se exigió avanzar hacia un Estado que rompa el molde neoliberal consagrado en la Constitución del dictador.
Casi la mitad del electorado
De los 14,9 millones de ciudadanos convocados para elegir a los 155 convencionales que redactarán una nueva Constitución que sustituya a la actual -de sesgo neoliberal y heredada de la dictadura militar-, el 41,3% son menores de 40 años, una franja de edad con altos índices de abstención, a excepción del plebiscito de octubre.
En esa votación, que fue la salida a las revueltas encontradas por la clase política y en la que el 80% de los votantes decidió enterrar la Constitución del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), la participación de los jóvenes entre 18 y 25 años subió un 20%, frente al 36% de las elecciones presidenciales de 2017.
“La participación juvenil en octubre hace pensar que los jóvenes deberían votar de manera similar, pero también existe la posibilidad de que interpreten que el proceso constituyente ha sido satelizado por los partidos y se resten de las elecciones”, explicó a Efe Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca.
Desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, “hay sesgos de clase y edad” y “las personas más educadas, de mayores ingresos y de mayor edad tienden a votar más”, dijo a Efe Julieta Suárez Chao, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El sesgo de clase, agregó Morales, es mucho más pronunciado entre los jóvenes, de modo que las posibilidades de que un joven de Vitacura (un barrio acomodado de Santiago) salga a votar son “extremadamente mayores” que uno de un barrio pobre como La Pintana.
¿Y si no votan?
Amalia Galvéz, de 25 años, está convencida de que habrá una gran participación y dice que su círculo de amigos “se ha informado bien sobre los candidatos y es muy activo en el proceso”. Menos optimista es Rodrigo Onores, de 30 años, que se ha mostrado decepcionado al ver “vacíos” varios centros de votación.
“El ambiente no ha sido el más propicio, entre el cerco de los covides, la profunda crisis de los partidos tradicionales y la sensación de que la élite política está privilegiando sus propios intereses por encima de los del resto”, señala Lucía Dammert, socióloga de la Universidad de Santiago de Chile.
En todo caso, añadió la experta, el hecho de que los jóvenes no voten no significa que no sean políticamente activos: “La generación que hoy tiene entre 30 y 40 años protagonizó las marchas estudiantiles de 2006 y 2011, que llevaron a una mayor gratuidad en la educación superior, y no acudieron a las elecciones”.
Para Morales, si la participación en los comicios -en los que también se eligen alcaldes, concejales y gobernadores al mismo tiempo- es inferior al 50,9% del plebiscito, la convención que redactará el nuevo texto en un plazo máximo de un año “no será ilegítima, pero se debilitará”.
En este caso, según Suárez Chao, la convención “no podrá reunirse a puerta cerrada y tendrá que buscar cauces para la participación de la sociedad civil y un diálogo más amplio”.
La nueva Carta Magna deberá ser sometida a referéndum en 2022 y, de ser ratificada, sería la primera nacida de un proceso paritario y plenamente democrático y participativo en la historia del país.
En un contundente mensaje en Twitter, el poeta Ra
