Los policías de Río de Janeiro tendrán que llevar microcámaras en sus uniformes que grabarán todas sus acciones durante las horas de servicio, según un proyecto de ley aprobado el miércoles por la Asamblea Legislativa del estado más emblemático de Brasil.
La decisión se produce tras una letal operación policial el pasado jueves en una favela de la ciudad, que dejó 28 muertos, entre ellos un uniformado, y que fue considerada por las organizaciones de derechos humanos como “la mayor masacre de la historia de Río”.
La violenta acción volvió a disparar las alarmas sobre los abusos policiales en la emblemática ciudad brasileña, ya que la mayoría de los 27 civiles muertos eran jóvenes negros y, según la policía, la mayoría de ellos tenían antecedentes policiales por diferentes delitos.
Las irregularidades denunciadas por los testigos de los hechos, que aseguran que varios de los fallecidos fueron ejecutados en el interior de sus viviendas y que algunos de ellos ni siquiera estaban armados, han puesto los hechos bajo la lupa de las autoridades competentes.
El proyecto de ley aprobado el miércoles por la Asamblea de Río busca garantizar la transparencia y la eficiencia de la policía del estado de Río de Janeiro, ya que las microcámaras grabarán todo lo que un policía ve, oye, habla y hace durante su servicio.
“El objetivo es permitir un mayor control de la legalidad por parte de los poderes constituidos sobre los actos practicados por los agentes de seguridad en el ejercicio de sus funciones”, explicó el diputado regional Carlos Minc, autor del proyecto de ley.
Según el diputado, la nueva ley también servirá de salvaguarda en casos de falsas acusaciones contra la policía y podrá ayudar a corregir errores y mejorar el servicio de la Policía durante las operaciones.
Tanto la Policía Militar, que realiza el trabajo de patrullaje ostensivo en las calles, como la Policía Civil, encargada de la investigación criminal, tendrán que cumplir con la nueva ley.
La medida complementará la normativa que actualmente obliga al gobierno regional a instalar cámaras de vídeo y audio en los vehículos de las entidades de Seguridad Pública y Protección Civil.
Sólo en el primer trimestre de este año, 453 personas han muerto a manos de los uniformados en Río, según datos oficiales.