La participación en las históricas elecciones celebradas este fin de semana en las que los chilenos eligieron a los 155 candidatos que redactarán una nueva Constitución fue del 43,3%, por debajo de lo que esperaban los expertos, informó este lunes el Servicio Electoral (Servel).
La participación no llegó a la mitad del padrón electoral, menos de 6,5 millones de personas, a pesar de ser una de las votaciones más importantes en los 31 años de democracia del país, en la que se eligió la composición política del órgano que redactará la nueva Carta Magna, la primera que emana de un proceso plenamente democrático en la historia de Chile.
Casi 15 millones de ciudadanos estaban llamados a votar en estas elecciones que abren la posibilidad de diseñar un nuevo modelo de país con más derechos sociales, y en las que las candidaturas ciudadanas independientes fueron las grandes ganadoras, contra todo pronóstico, obteniendo 48 de los 155 escaños.
La derecha, en cambio, no obtuvo ni un tercio de los escaños (37), el porcentaje que le daría poder para influir en la discusión y vetar artículos, por lo que tiene las manos atadas ante las mayorías que pueden alcanzar en determinados temas los constituyentes de la oposición de izquierdas (53 entre las dos listas que presentaron) y los independientes.
Desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, ninguna elección ha superado el 50% de participación -a excepción del plebiscito de octubre pasado, cuando votó el 50,9%- y el piso se registró en las municipales de 2016, cuando sólo votó el 34,9%.
El desglose por regiones y barrios señala que la participación electoral en los sectores con más recursos y más conservadores ha sido mayor -llegando incluso a superar el 60%-, mientras que en las zonas más pobres hubo menos sufragio.
Del total del padrón electoral, el 41,3% es menor de 40 años, un grupo etario con altos índices de abstención, con la excepción del plebiscito de octubre.
En esa votación, que fue la salida que encontró la clase política a una masiva ola de protestas, casi el 80% de los votantes decidió enterrar la actual Constitución y la participación de los jóvenes entre 18 y 25 años subió un 20%, frente al 36% de las elecciones presidenciales de 2017.
Desde su formación, la asamblea constituyente, la primera paritaria del mundo e integrada exclusivamente por miembros electos, tendrá hasta un año para redactar la nueva Carta Magna que sustituya a la actual, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país.
El proceso culminará en 2022 con un plebiscito de salida para aprobar o rechazar definitivamente el texto.
El proceso constituyente se planteó como la vía política para poner fin a la crisis social que estalló en 2019, con masivas marchas que dejaron una treintena de muertos, miles de heridos y graves acusaciones de violaciones de derechos humanos contra las fuerzas de seguridad.
La elección, que inicialmente iba a ser en abril y se pospuso por la crisis sanitaria, se realizó en dos días para evitar aglomeraciones y además de los constituyentes se eligieron otros tres cargos -alcaldes, concejales y gobernadores- con una gigantesca oferta electoral de casi 17 mil candidatos.
