Tras las históricas elecciones de este fin de semana, Chile está un paso más cerca de tener una nueva Constitución, un texto que será redactado por una convención dominada por ciudadanos independientes y por la oposición de centro e izquierda. Pero, hasta la promulgación del nuevo texto, ¿qué le espera al país?
FUNCIONAMIENTO DE LA CONVENCIÓN
La asamblea constituyente, la primera paritaria del mundo e integrada exclusivamente por miembros electos, tendrá hasta un año para redactar la nueva Carta Magna, la primera que nace de un proceso plenamente democrático en la historia del país.
En 200 años de independencia, Chile ha tenido tres Constituciones (1833, 1925 y 1980), pero ninguna redactada por una convención ciudadana elegida por votación popular.
El proceso culminará en 2022 con un plebiscito de salida y una votación obligatoria para aprobar o rechazar definitivamente la nueva Carta Magna, que sustituiría a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y repudiada por su origen dictatorial y por privatizar servicios básicos como el agua o las pensiones.
Aunque todo indica que la nueva Carta Magna será refrendada, los expertos auguran un escenario político incierto y muy complejo en caso de que gane la opción del “no”.
La convención comenzará a reunirse en junio y necesitará al menos dos tercios de los votos de sus 155 miembros para aprobar las normas del nuevo texto, un mecanismo que hará imprescindible alcanzar grandes acuerdos entre las fuerzas políticas.
El edificio del antiguo Congreso, situado en Santiago, será el lugar de reunión de la convención, que trabajará en paralelo y de forma independiente al actual Parlamento, y que aún debe determinar si las sesiones serán cerradas o abiertas.
¿QUIÉN REDACTARÁ EL TEXTO?
Contra todo pronóstico, la dividida oposición chilena y los independientes obtuvieron más de dos tercios de los escaños, mientras que la derecha unificada no consiguió ni siquiera un tercio, el porcentaje que le daría poder de veto durante la discusión.
“Con estos resultados se abre una nueva etapa y se dan las condiciones idóneas para que se produzcan cambios sustantivos y para que Chile avance hacia un estado más social”, dijo a Efe Octavio Avendaño, académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Casi la mitad de los constituyentes son independientes que buscan canalizar algunas de las principales demandas ciudadanas y que, en muchos casos, ganaron popularidad a raíz de las masivas manifestaciones de 2019.
Su éxito en esta votación es visto por algunos expertos como el certificado de defunción de los partidos desprestigiados.
Lograron su escaño académicos como Fernando Atria, feministas como Alondra Carrillo, activistas como Giovanna Grandon (conocida en las protestas como “Tía Pikachu“), profesionales como Rodrigo Logan o la famosa líder mapuche Francisca Linconao.
También asistieron rostros conocidos de la política chilena como la ex candidata presidencial de izquierda Beatriz Sánchez o los ex ministros Cristian Monckeberg, Marcela Cubillos y Antonio Walker, entre otros.
PRINCIPALES TEMAS A TRATAR
En la discusión del texto, el régimen democrático y el Estado republicano o los tratados internacionales serán intocables, pero los ejes estructurales del rol del Estado podrán ser abordados.
Mientras la derecha se inclina por mantener el actual modelo económico basado en el libre mercado y donde el Estado tiene un papel subsidiario, la izquierda aboga por un país con más garantías de derechos sociales.
La politóloga María Cristina Escudero, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, cree que la heterogeneidad de fuerzas en la convención dará lugar a un “Estado neutral”.
“No hay apoyo para mantener el modelo actual aunque es probable que tampoco se logre un Estado de bienestar. Tendremos un Estado sin apellido, que entonces caracterizará a la política ordinaria”, explicó a Efe el experto.
Otra de las principales premisas de muchos candidatos es desprivatizar servicios básicos como el agua, cuyo 80% está en manos privadas; la educación, una de las más caras de la región, o las pensiones, gestionadas por empresas que obtienen beneficios millonarios criticados por las irrisorias pensiones que ofrecen.
DE LA CALLE A LAS URNAS
La mayoría de estas reivindicaciones cobraron fuerza durante la crisis social de 2019, la más grave en 30 años de democracia, que convocó manifestaciones masivas que dejaron una treintena de muertos y llevaron al Congreso a iniciar este proceso constituyente.
Un año después, en octubre de 2020, se celebró el plebiscito en el que casi el 80% de los ciudadanos votó por renovar la ley fundamental.
Desde entonces, las protestas remitieron y la pandemia y las restricciones acabaron por sofocar las ganas de salir a la calle. La pregunta ahora es si podría haber nuevas movilizaciones después de estas elecciones.
Para el politólogo Cl
