El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves el cierre de dos centros de detención de inmigrantes que están siendo investigados por presuntos malos tratos.
“No toleraremos el maltrato a los detenidos ni las condiciones de vida deficientes”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
Mayorkas ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que rescinda inmediatamente el contrato con los dos centros implicados, en los estados de Georgia y Massachusetts.
El responsable de Seguridad Nacional afirmó que se trata de un “primer paso importante” para mejorar los centros en los que esperan ser deportados los inmigrantes que han cometido algún delito o que han llegado al país de forma irregular.
En este sentido, aseguró que si los centros de detención y el trato a los inmigrantes no cumplen con los estándares adecuados de salud y seguridad, su departamento tomará decisiones como la que se tomó el jueves.
En concreto, Mayorkas rescindió los contratos federales con la Oficina del Sheriff del Condado de Bristol, en Massachusetts, y con el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Georgia.
En este último caso, el cese de operaciones será una realidad “lo antes posible”, según el Departamento de Seguridad Nacional, ya que el propio centro es de gestión privada, a pesar de ser de titularidad pública.
Mayorkas también explicó que los cierres de estos dos lugares incluirán la preservación de las pruebas para las investigaciones federales en curso, la reubicación del personal del ICE si es necesario y el traslado de los detenidos “cuya detención sigue siendo necesaria para lograr nuestra misión de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza.”
El número de personas deportadas de EE.UU. cayó a mínimos históricos durante el mes de abril, cuando retiró a 2.962 personas, la primera vez desde que se recogen estadísticas que esa cifra ha estado por debajo de los 3.000.
En comparación con el mes de marzo, en el que se produjeron 3.716 deportaciones, la cifra descendió casi un 20%.
