De mayo de 2018 a junio de 2020 se registraron mil 359 detenciones arbitrarias e ilegales en México, una práctica recurrente entre las corporaciones de seguridad del país que violan los derechos humanos y procesales, señaló el Observatorio Nacional de Detenciones Arbitrarias (ONDA).
En entrevista para El Sol de México Mariana Prieto y Jutzui Cruz, co-coordinadoras del Observatorio que está conformado por ocho organizaciones y colectivos de la sociedad civil, explican que esta práctica es cometida por diversos organismos de seguridad, “no sólo policías, también identificamos en los tres niveles de gobierno esta práctica constante.”
El Observatorio nació en 2019 como una iniciativa de la organización Educiac y en octubre de 2020 fue reconocido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) con el tercer lugar del Premio a la Innovación en Transparencia, en la categoría de organizaciones de la sociedad civil, por “recabar información, visibilizar e incidir colectivamente para erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias”.
Los datos de la ONDA, obtenidos a través de un monitoreo de medios de comunicación nacionales, muestran que el 30 por ciento de estas detenciones fueron realizadas por la extinta Policía Federal, el 26 por ciento por policías estatales, el 15 por ciento por policías municipales y el ocho por ciento por policías militares y ministeriales, mientras que el 21 por ciento restante fue realizado por entidades no identificadas.
En sus datos, informa que actualmente los estados con mayor incidencia son Veracruz con 245 detenciones, seguido de Chihuahua con 187, Chiapas con 180 y Baja California con 168.
“En la detención arbitraria no se comete ningún delito, es una detención sin delito alguno, y la detención ilegal está vinculada al incumplimiento de los protocolos establecidos por parte de las corporaciones”, explica Cruz. Estas corresponden tanto a la “seguridad como a los derechos humanos”, añade Prieto.
Según la ONDA, estas detenciones “son violaciones a los derechos humanos justificadas por la preservación del orden público y la prevención del delito, sin embargo, son el inicio de una cadena de violaciones que pueden escalar hasta la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual y la ejecución extrajudicial”.
Prieto explica que entre las principales características que llevan a las personas a ser detenidas arbitrariamente se encuentran aspectos como la ubicación (estar en zonas como periferias, carreteras y corredores rápidos donde no suele haber testigos), la pertenencia a un grupo social y económico determinado, e incluso la discriminación por la vestimenta o el color de la piel.
Sin embargo, dice, “el principal elemento que encontramos en las detenciones arbitrarias y que son objeto de ellas son los jóvenes, entre 12 y 29 años, principalmente hombres en contextos precarios”.
ONDA trabaja actualmente en su aplicación Sindea, que permite denunciar en tiempo real las detenciones arbitrarias.
