MANAGUA. El gobierno de Daniel Ortega incrementó el asedio a la oposición y a los medios de comunicación independientes con acciones judiciales y policiales con el fin de allanar el camino hacia su reelección en noviembre, según organizaciones de derechos humanos.
La aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, con posibilidades de enfrentarse a una posible candidatura de Ortega, fue inesperadamente vinculada por el Ministerio del Interior con delitos de lavado de dinero, acusación que podría dejarla fuera de la carrera electoral en noviembre.
“Ortega ha ordenado fabricar ‘pruebas’ contra la Fundación que lleva con orgullo el nombre de mi madre [la ex presidenta] Violeta Barrios de Chamorro“, dijo Cristiana en Twitter.
La líder opositora y periodista fue citada por el Ministerio del Interior para que responda por supuestas “inconsistencias en los informes financieros” de la fundación que dirigió entre 2015 y 2019, una organización que promueve la libertad de expresión.
La fundación “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador (…) y se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, por lo que el caso ha sido remitido al Ministerio Público [Fiscalía]” para su investigación, dice una nota del Gobierno.
En Nicaragua, cualquier persona bajo investigación fiscal está vetada para participar en cargos sujetos a elección.
“Seguramente este es un proceso no sólo para inhibirme a mí, sino para impedir que los nicaragüenses puedan votar libremente (…) esto es parte de todo el proceso que la dictadura está montando para impedir que tengan ese derecho”, dijo Chamorro tras casi cuatro horas en las oficinas del Gobierno.
Mientras tanto, la policía allanó las oficinas de los medios digitales opositores Confidencial y Esta Semana, cuyo director es Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, y detuvo momentáneamente a algunos periodistas que cubrían los incidentes, entre ellos un videoreportero de la AFP.
“No nos van a callar, pueden robar otras cámaras de televisión, otros accesorios, pueden ocupar un lugar donde habíamos hecho algunas producciones, pero vamos a seguir informando, no van a callar a nuestros periodistas”, escribió Chamorro en Twitter.
El Gobierno acusa a estos medios de haber alimentado las manifestaciones que pedían la salida de Ortega en 2018, en las que murieron más de 300 personas.
Esta semana, el tribunal electoral, con miembros afines al gobierno del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sacó de circulación a un bloque opositor liderado por el Partido Restauración Democrática (PRD), así como al Partido Conservador (PC, derecha), el más antiguo del país.
Chamorro, de 67 años, ya había anunciado sus intenciones de presentarse a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
La fundación que dirigía, como muchas otras en Nicaragua, tuvo que cerrar sus operaciones en febrero, afectada por una ley aprobada por el Congreso progubernamental, que le exigía reportar sus ingresos de fuentes externas y declararse como agente extranjero.
Esto último fue rechazado por Chamorro, que defendió su derecho a seguir operando como ciudadana nicaragüense.
La periodista, que no pertenece a ningún partido, cuenta con un 13,3% de apoyo ciudadano, según una encuesta de enero de la firma Cid Gallup. Esto la sitúa por encima de otros aspirantes a la silla presidencial.
Tras el fallido intento de unidad en la oposición, las miradas se centraron en Chamorro para encabezar una candidatura que enfrente a Ortega, en el poder desde 2007 y que, según sus adversarios, buscará un cuarto mandato consecutivo.
El gobierno sandinista ha sido sancionado por Estados Unidos, que lo acusa de corrupción y violación de los derechos humanos durante la represión de las protestas de la oposición. Ortega sostiene que esas manifestaciones constituyeron un golpe de Estado fallido promovido por Washington.
“Ortega está intensificando su represión contra la sociedad civil, la prensa y la oposición. Su objetivo es claro: impedir cualquier crítica y robar las elecciones presidenciales de noviembre de 2021″, dijo el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) las acciones del gobierno “no tienen límites y evidencian el estado de terror al que ha sometido al país”.
Mientras, el bloque opositor de la Coalición Nacional calificó los hechos como “graves violaciones a los derechos humanos y políticos (…) es una muestra de la debilidad de un régimen que se mantiene en el poder por la fuerza de las armas y que bloquea cualquier intento de elecciones libres, competitivas y transparentes”.
Por su parte, la Unión Democrática Renovadora (Unamos, centro izquierda), en un comunicado, consideró que el gobierno pretende infundir miedo y desesperación” en la población que ya ha tomado la decisión “de ser libre y conquistar la democracia, que es irrenunciable e impostergable”.
