La familia de Zyanya fue repelida violentamente por personal de la Fiscalía de Puebla, cuando intentó ingresar a las instalaciones de la dependencia para exigir que la muerte de la joven, quien estudiaba su especialidad en Pediatría y fue encontrada muerta hace tres años en una casa del municipio de San Andrés Cholula, sea investigada como un feminicidio y no como un suicidio.
Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades a respetar el derecho a la manifestación pacífica; en tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró que respeta la libre expresión y que investigará y sancionará a los responsables de la agresión.
Fue a empujones y con gas pimienta, como el personal de la Fiscalía de Puebla desalojó a los familiares de Zyanya, quienes acudieron a manifestarse acompañados de sus abogados y activistas feministas, la tarde de este viernes.
Entre los agredidos se encontraba la anciana Irinea Buendía, madre de Mariana, quien tras su asesinato sentó las bases para establecer un protocolo nacional de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.
El padre y el hermano de Zyanya, ambos de nombre Martín, y su madre María Patricia, entre otras activistas feministas que intentaban evitar la agresión del personal de vigilancia de la Procuraduría, también fueron expulsados de la sala.
“Así nos tratan a las víctimas en la Fiscalía de Puebla“, coreaban los familiares, activistas y abogados que se encadenaron a la reja de la dependencia de manera indefinida, solicitando ser atendidos por el Fiscal General Gilberto Higuera Bernal.
Entre los agraviados, unas 30 personas, en su mayoría mujeres, tuvieron que comprar refresco para lavarse la cara, luego de ser afectadas por el gas pimienta que lanzaron los hombres que custodiaban la entrada principal de la Procuraduría, en el Bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente de la colonia Ladrillera de Benítez.
Así permanecieron hasta cerca de la medianoche, cuando finalmente llegaron a un acuerdo con la FGE.
Alrededor de las 22:00 horas y a través de su cuenta oficial de Twitter, la ONU-DH llamó a las autoridades de Puebla a respetar la libre manifestación.
En cuatro mensajes de apoyo a los agredidos y exhortando a las autoridades a conducirse conforme a la Ley (SIC), señaló así:
“Ante los hechos ocurridos el día de hoy en las instalaciones de @FiscaliaPuebla, @ONUMujeresMX y @ONUDHmexico hacemos un llamado a las autoridades para que respeten el derecho a la manifestación pacífica, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos”, explicó.
“El @ONUMujeresMX y el @ONUDHmexico reconocen el trabajo que las víctimas y las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que las acompañan realizan para garantizar el acceso a la justicia de las sobrevivientes y poner un alto a la violencia de género”, reiteró.
Una hora después, la Procuraduría General de la República también emitió su postura oficial y en su cuenta oficial de Twitter publicó el siguiente comunicado (SIC):
“La Fiscalía General del Estado de Puebla dio vista a la Visitaduría General y a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos para que investiguen la actuación del personal de la Institución ante la manifestación; no se tolerarán excesos ni conductas ilícitas. La Fiscalía ha respetado y respeta la libertad de expresión y no instruyó el uso de ningún material”.
Zyanya llegó a esta ciudad desde México en 2017, para estudiar su especialidad en Pediatría haciendo prácticas dentro del Hospital del Niño Poblano, por eso rentó una casa cerca del hospital, específicamente en el Fraccionamiento Real de Zavaleta, donde unos meses después otra amiga de trabajo le rogó que compartiera la vivienda y ella en buena caridad aceptó.
Esa mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por el momento, fue la que el 15 de mayo de 2018 reportó el hallazgo del cuerpo de Zyanya atado por el cuello con un lazo.
Agregó que “la manifestación se refiere a una investigación de feminicidio en la que una autoridad judicial ordenó la entrega de un inmueble a sus propietarios; se acordó con estos esperar un tiempo más”.
Al llegar los peritos y agentes ministeriales, agregaron que se encontró un mensaje póstumo y posteriormente el resultado de la autopsia señaló que la causa de la muerte fue el suicidio.
Sin embargo, los familiares a lo largo de estos 3 años han asegurado que se trató de un feminicidio y han pedido que se siga investigando.
Incluso ayer por la mañana, cuando por orden judicial la casa iba a ser entregada a los propietarios, el mismo grupo de familiares y conocidos que luego fueron agredidos en la Fiscalía llegaron para impedirlo, aunque ninguna autoridad se presentó.
La razón, dijeron los familiares de Zyanya, fue que en el interior de la casa aún puede haber pruebas y serían útiles para la investigación.
