En medio de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, los estados no lograron comprobar el destino de 26 mil 407.22 millones de pesos que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) les entregó y que fueron destinados a la compra de medicamentos e insumos médicos.
El mayor problema se presentó en la Ciudad de México y San Luis Potosí, que no justificaron un solo peso del presupuesto asignado el año pasado, señala el informe anual de actividades del Insabi 2020.
El instituto también reportó un subejercicio de las entidades federativas en la compra de medicamentos, equipo e instrumental médico por 435.2 millones de pesos, que fueron devueltos a la Tesorería de la Federación, a pesar de que el país enfrentaba la pandemia.
Para Andrés Castañeda, del colectivo Cero Desabasto y de la organización Nosotrxs, “la transparencia está pendiente” en el sector Salud.
Agregó que con la creación de un modelo que no se ha implementado con Insabi, “no hay reglas claras y eso es un espacio para la posible corrupción e ineficiencia”.
“No sólo están los ejercicios no comprobados, sino también el monto del subejercicio que se reporta”, advirtió el especialista.
Castañeda indicó que con la creación del Insabi los gobiernos estatales ya no iban a manejar el recurso sino que lo haría el instituto, pero lo cierto es que en el 2020 eran los responsables.
“Ahí hay un limbo administrativo… Este nuevo sistema ha generado no sólo malas prácticas en las compras y en el uso de los recursos, a veces no necesariamente con mala intención, pero el no tener reglas claras genera ineficiencia y abre las puertas a la corrupción.”
Los recursos que ahora están en el limbo o subutilizados son los que antes se destinaban al Seguro Popular y a la población de muy alta marginación en la vertiente de Salud del programa Prospera, pero con la reforma de noviembre de 2019 que creó el Insabi se transformaron en dos formas de financiar al sector salud.
Una parte del recurso se distribuye a los gobiernos estatales a través del Programa U013 Vertiente 1 Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y otros insumos asociados para personas sin seguridad social. La otra vía es el Programa de Prestación Gratuita de Servicios de Salud y Medicamentos para la Población sin Seguridad Social, cuyo responsable es el Insabi.
De los recursos a los gobiernos estatales en 2020, 24 mil 452.32 millones de pesos no habían sido comprobados hasta enero de 2021, mes de cierre del informe. En tanto, en el segundo rubro para la población sin seguridad laboral y de muy alta marginación, 1,954.9 millones de pesos estaban en el limbo.
Dentro del primer aspecto, San Luis Potosí y la capital del país no justificaron un solo peso. “Se observa la verificación mínima para la Ciudad de México y San Luis Potosí con un monto a reportar igual al techo presupuestal respectivo”, señala el documento.
Hay tres mil 136 millones de pesos pendientes de aclarar por el gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum y mil 380 millones en el caso del priista Juan Manuel Carreras.
Le siguen Puebla, que sólo tiene comprobado 18.4 por ciento de los recursos y aún no justifica tres mil 649.9 millones de pesos; Tlaxcala, con 32.1 por ciento comprobado y 552 millones por aclarar; Guerrero, con 39 por ciento respaldado y mil 296 millones en el aire, e Hidalgo, con 39.6 por ciento justificado y 808 millones sin aclarar.
En contraste, Durango acreditó el 97.1 por ciento de su techo presupuestal de 646.4 millones de pesos.
Los gobiernos estatales tenían hasta el 30 de abril para justificar el destino del dinero.
El documento al que tuvo acceso El Sol de México señala que estos recursos se destinaron a “la contratación de medicamentos, equipo e instrumental médico y mantenimiento menor de inmuebles, así como recursos destinados a la operación del programa Fortalecimiento de la Atención Médica (FAM)”.
Actualmente, seis entidades no forman parte del instituto: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas.
En medio de la pandemia, el Insabi también “transfirió recursos líquidos a las entidades federativas por cinco mil 299.6 millones de pesos a través del Programa U013 componente 2″.
Los recursos se destinaron a la contratación de personal para actividades de atención a la salud de la población en condiciones de alta y muy alta marginación, la adquisición de medicamentos, material de curación, insumos médicos y de laboratorio.
También se orientaron al mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos, al equipamiento de establecimientos de salud, a la adquisición de mobiliario y equipo administrativo y a la operación de unidades médicas móviles.
En este sentido, el Instituto informa que se solicitó el reintegro de 435.2 millones de pesos de fondos no utilizados en 16 entidades, ni para atender la emergencia.
