Personal ministerial detuvo a Florian N, presunto líder de la mafia rumana, quien es requerido por un Tribunal de Bucarest para ser juzgado por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio calificado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención de Florian N, alias El Tiburón, se realizó en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición.
En una tarjeta informativa, la FGR detalla que la orden de aprehensión fue tramitada y otorgada por un Juez de Control del Reclusorio Norte, ya que Tudor reside en la Ciudad de México.
“Durante la diligencia de aprehensión, un agente del Ministerio Público de la Federación intentó obstaculizarla y el abogado de Florián agredió a los agentes de la Policía Federal Ministerial, ambos individuos también fueron sometidos y detenidos, para ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación por los delitos correspondientes”, señala en una tarjeta informativa.
El Tiburón es actualmente investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como presunto líder de un grupo dedicado al fraude con tarjetas de crédito, y también es buscado por el tribunal de Bucarest para ser juzgado por los delitos de tentativa de homicidio, asociación ilícita y creación de una red de delincuencia organizada.
Florian ha negado las acusaciones, alegando un supuesto intento de extorsión contra él por parte de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, en marzo de este año, los tribunales de su país de origen, Rumanía, condenaron a un total de 40 años de prisión a seis miembros de esta supuesta red de clonación, acusados de extorsión, intento de asesinato y porte de armas de fuego.
Según la Fiscalía de ese país, la red Tudor, que se extiende a varios países, amasó mil millones de dólares entre 2015 y 2019.
El mes pasado, un tribunal federal de México concedió al ciudadano rumano una suspensión provisional contra su extradición para que las autoridades responsables se abstuvieran de deportarlo. Sin embargo, Florian tuvo que pagar una garantía de 20 mil pesos y quedaría privado de su libertad en caso de ser acusado de delitos que ameriten prisión preventiva oficial.
Por otra parte, el juez federal negó al empresario rumano la suspensión contra la solicitud, emisión, registro, publicación de la notificación o ficha roja para la ejecución del citatorio, detención, aprehensión, reaprehensión, búsqueda o localización, así como la solicitud de asistencia jurídica internacional entre ambas autoridades, para la ejecución de las órdenes de privación de la libertad con fines de extradición.
Apenas unas semanas antes, el empresario se reunió con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno mexicano, Rosa Isela Rodríguez, para revelar información sobre la presunta extorsión de la que fue víctima.
Ya hace años, una investigación del periodista estadounidense Brian Krebs alertó sobre la existencia de una mafia de clonadores de tarjetas en Cancún y el Caribe mexicano encabezada por rumanos, pese a lo cual este grupo mantenía sus operaciones impunes.
Fue hasta 2018 que comenzaron los problemas de Tudor, luego de que un compatriota suyo, Marcu Constantil Sorinel, sufriera un intento de asesinato frente a la casa de Tudor, en la Supermanzana 3 de esta ciudad (sería asesinado unos meses después).
Los rumanos condenados este año en este país europeo fueron culpados de este intento de asesinato, al igual que Tudor ahora, en la orden de detención emitida contra él.
Un año después, en 2019, un presunto socio suyo, Adrián Cosmin, fue detenido por la policía federal, y dos meses después las propiedades de Tudor fueron registradas por la Procuraduría General de la República.
Tudor presentaría después una denuncia por presuntos abusos de las autoridades, lo que provocó la supuesta destitución del delegado de la FGR en el estado, aunque después se sabría que el agente investigador era un familiar del abogado de Tudor.
En 2020, hubo un amplio informe en su país sobre sus actividades, y unos meses después, seis presuntos miembros fueron detenidos y condenados en marzo de este año.
Un mes antes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México congeló las cuentas de 79 personas presuntamente vinculadas a esta red de clonadores, entre ellas Adrián Cosmin y el abogado de Tudor, ahora detenido.
|| Con información del corresponsal Rafael Martínez
