Un grupo de ejidatarios del estado de Campeche denunció que la empresa Barrientos y Asociados S.A. de C.V., contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar el pago de derechos de vía del proyecto del Tren Maya, ha cometido actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los habitantes.
De acuerdo con María Elena Hernández, integrante del ejido Don Samuel, entre los abusos cometidos por la empresa se encuentran actos de extorsión, engaño y fraude para evitar el pago de los derechos de vía, además de la renuencia de las autoridades a proporcionar información.
“No tenemos el alcance de los impactos ambientales, sociales y culturales que nos trae el proyecto. Tampoco tenemos el diseño del tren, las vías y el diseño final. Los comisionados fueron presionados para firmar convenios, contratos que, revisados por asesores que ya tenemos, nos dimos cuenta que tienen mucho fraude”, dijo.
El Sol de México publicó en septiembre de 2020 que Fonatur invertiría cerca de 26.7 millones de pesos en la contratación de abogados que se encargaran de los procesos legales para liberar de asentamientos irregulares las vías por donde correrán los tramos 3 y 4 del Tren Maya.
Se buscó a Fonatur para conocer su postura sobre estas acusaciones, pero al cierre de esta edición no había respondido.
Leticia Cruz, asesora legal de algunos de los ejidatarios afectados, señaló que aunque hay varios comisarios defraudados, no hay información de a cuánto asciende este fraude, ni de los metros cuadrados que debieron pagarse a cada comunidad.
“No hay una cifra como tal, no sabríamos responder, porque si bien es cierto que en el proceso señala que tenemos que tener una tabla de avalúos (hecha por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), también es cierto que nunca nos la mostraron”, dijo.
A pesar de lo anterior, las autoridades ejidales y personas de los más de seis ejidos quejosos, entre los que también se encuentran los de División del Norte, Haro y Escárcega, aclararon que no se oponen al Tren Maya. Lo que piden es la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad de las comunidades y el pago de las tierras.
“La comunidad exige un precio justo en el avalúo de sus tierras y que se haga de manera conjunta. Porque cada comunidad ha hecho sus propios avalúos e incluso han tenido mesas de negociación”, dijo. .
