Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer que se activó el proceso para que el pleno se pronuncie sobre la reforma que amplía por dos años su periodo al frente de dicha institución.
A través de su cuenta de Twitter, Zaldívar compartió el documento en el que dijo que se activó el procedimiento.
“Comparto documento mediante el cual activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial”.
En un comunicado, Zaldívar recordó que el pasado 7 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes de los últimos 25 años”.
Dijo que esta reforma fue posible gracias a un “esfuerzo sin precedentes” de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se agregó un artículo que permite la ampliación de su actual periodo al frente de la Suprema Corte, así como del Consejo de la Judicatura Federal.
“Dicho precepto ha sido muy cuestionado, pues se ha señalado que puede violar los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió.
Por todo ello, consideró que el Pleno debe fijar “una posición lo antes posible”.
Y como presidente del Supremo, sometió a la consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias cuestiones sobre la posible inconstitucionalidad de este artículo, la colisión con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta polémica.
Zaldívar explicó que para “zanjar” estas controversias, instruirá “la formación del expediente y su giro al ministro correspondiente para la elaboración de un proyecto que responda a todas las cuestiones planteadas, de manera que se salvaguarde con celeridad la autonomía e independencia del Poder Judicial”.
La primera cuestión tiene que ver con la posible inconstitucionalidad del artículo décimo tercero, por lo que la pregunta es: ¿qué determinación debe adoptar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
La segunda pregunta es: ¿Puede el pleno de la Suprema Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de algunos de sus órganos, fuera de un procedimiento de control constitucional promovido por parte legítima?
Como tercera cuestión, el ministro Zaldívar pregunta: ¿qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general, basta con una mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?
Otra pregunta que deberá responder el pleno de la Corte es: ¿El contenido del artículo décimo tercero transitorio es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
Finalmente, pregunta a los ministros que si se considera inconstitucional, ¿cuál sería el efecto de esta resolución en relación con la norma general que se analiza, así como respecto de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal?
El pasado 8 de junio, Zaldívar había anunciado su intención de someter esta consulta al pleno de la Suprema Corte.
La polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que incluye la ampliación del periodo de Zaldívar de 2022 a 2024, fue publicada hace una semana por el Gobierno mexicano.
El polémico artículo establece que quien a partir de su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal estará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2024.
Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, ya que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.
Con información de EFE
