La justicia peruana evalúa este lunes un pedido de la fiscalía para ordenar nuevamente la prisión preventiva de la candidata derechista Keiko Fujimori por violar la prohibición de reunirse con testigos del caso Odebrecht, mientras Perú espera que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones y proclame al ganador de la segunda vuelta presidencial.
La audiencia judicial se realizará de manera virtual, debido a la pandemia de Covid-19, a partir de las 15:00 (hora local) con la participación de Fujimori y su defensa, y del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, indicó la Corte Nacional a través de su cuenta de Twitter.
El pedido del Ministerio Público ha acaparado la atención nacional, ya que el país está en vilo a la espera de la decisión del jurado electoral que revisa la impugnación de miles de votos presentada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que favorecería a su rival de izquierda Pedro Castillo.
El recuento del organismo electoral (ONPE), que alcanzó el 100% de las mesas el martes, daba a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori. La diferencia es de sólo 44.058 votos.
Fujimori confía en revertir el resultado del balotaje del 6 de junio, pero la decisión del tribunal electoral podría tardar una semana más.
Mientras tanto, la tensión crece en las calles del país, donde miles de partidarios de ambos candidatos marcharon el sábado para defender sus votos dos semanas después de las elecciones.
La fiscalía anticorrupción solicitó el 11 de junio “revocar la comparecencia con restricciones (libertad condicional) por prisión preventiva para Keiko Fujimori Higuchi” en el marco del caso de presunto lavado de activos por aportes de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.
“No hay temor de que esta prisión preventiva se materialice”, dijo Fujimori al reaccionar al pedido del fiscal, negando haber incumplido las normas de conducta impuestas por la justicia.
La candidata, que debe ir a juicio por este caso este año si no gana la presidencia, permaneció 16 meses en prisión preventiva hasta mayo de 2020.
El Ministerio Público solicitó 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori Higuchi, quien es investigada por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción a la justicia.
El 30 de abril de 2020, el Poder Judicial revocó su orden de prisión preventiva y ordenó que se presente en el juzgado con restricciones, entre ellas no comunicarse con los demás imputados ni con los testigos del caso.
“Se ha determinado nuevamente que Fujimori Higuchi no cumple con la restricción de no comunicarse con los testigos, ya que se ha confirmado como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales“, argumentó el Ministerio Público en su pedido al Tribunal.
Fujimori, de 46 años, se presentó el 8 de junio en una conferencia de prensa en Lima para solicitar al Tribunal Electoral la nulidad de 802 actas de escrutinio -unos 200.000 votos- en la que estuvo acompañada por Torres Morales como asesor.
