El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desveló el miércoles su estrategia para reducir los homicidios en las ciudades del país, centrada en proporcionar más recursos a la policía y retirar las licencias a los vendedores de armas negligentes.
En un discurso en la Casa Blanca, Biden se comprometió a hacer más para reducir la delincuencia en el país, después de que los homicidios aumentaran más de un 30% el año pasado en las principales ciudades, según estudios del FBI y de una asociación nacional de policías.
“Históricamente, la delincuencia aumenta durante el verano, y ahora que estamos saliendo de esta pandemia y el país se reabre, el tradicional repunte estival (de la delincuencia) podría ser más pronunciado de lo que normalmente veríamos”, advirtió.
Las posibles consecuencias políticas de esa tendencia preocupan a la Casa Blanca, que ha decidido afrontar el asunto de frente -en contra de lo que tradicionalmente han hecho otros políticos demócratas- y vincularlo a una de las prioridades del partido: el control de armas.
“Hay demasiados traficantes de armas que creen que pueden salirse con la suya vendiendo armas a personas que no están legalmente autorizadas a tenerlas”, denunció Biden en su discurso, en el que estuvo acompañado por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
El presidente aseguró que el 5% de los traficantes de armas del país venden el 90% de las armas ilegales encontradas en las escenas del crimen, y prometió “tolerancia cero” contra aquellos vendedores que incumplan la ley.
“Estos mercaderes de la muerte infringen la ley para obtener beneficios económicos”, subrayó.
“Si venden a propósito un arma a alguien que tiene prohibido portarla, si evitan a propósito comprobar los antecedentes del comprador, si falsifican a propósito un registro…. Mi mensaje para ellos es: los encontraremos y les quitaremos la licencia para vender armas”, añadió.
En concreto, Biden ordenó a su administración que revoque las licencias de estos vendedores la primera vez que sean sorprendidos en cualquiera de esas tres circunstancias, con el objetivo de reducir el flujo de armas ilegales a través del país.
El plan de Biden también permite a los estados desviar fondos del paquete de rescate aprobado el pasado marzo por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia -un total de 350.000 millones de dólares- a medidas de reducción de la delincuencia.
En concreto, los estados podrán utilizar el dinero para contratar agentes, invertir en nuevos tipos de formación policial y comprar tecnología que permita a los agentes responder más rápidamente a los incidentes con armas de fuego.
Además, los estados podrán invertir en programas de educación para la prevención de la violencia dirigidos a las comunidades que, por razones sociales y económicas, tienen más probabilidades de verse involucradas en incidentes con armas de fuego, ya sea como víctimas o como autores.
El énfasis de Biden en proporcionar más recursos a la policía choca con la postura del ala izquierda de su partido, que durante las protestas raciales del año pasado abrazó una petición para reducir precisamente la financiación de las fuerzas del orden estatales y locales, un movimiento conocido como “Defund the police”.
“No es el momento de dar la espalda a las fuerzas del orden ni a nuestras comunidades”, dijo Biden.
El presidente también abogó por ayudar a la reinserción social de los presos para reducir la reincidencia, contratando a más de ellos en trabajos del gobierno federal.
La administración de Biden también tiene previsto ofrecer ayudas a la vivienda a algunos ex presos y conceder incentivos fiscales a las empresas que contraten a un ex preso en los primeros 12 meses de su salida de la cárcel.
Por último, quiere utilizar parte del presupuesto del próximo año fiscal, que aún debe ser aprobado por el Congreso, para tener un oficial especializado en armas de fuego en cada departamento de policía del país.
