La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió este miércoles a las autoridades mexicanas a “cumplir con la deuda” que tienen con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de la masacre de Tlatlaya de 2014.
“A siete años de ocurridos estos hechos, persiste una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral de las personas en situación de víctimas”, criticó el organismo en un comunicado.
La CNDH llamó al Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a atender la recomendación 51VG/2014 por los hechos de violencia ocurridos hace siete años en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el centro del Estado de México.
Y pidió mostrar mayor voluntad política para que las personas en situación de víctimas obtengan justicia, reparación del daño y garantía de no repetición y se lleve a cabo el debido proceso de investigación penal.
La madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por militares durante un enfrentamiento en una bodega del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, colindante con la capital mexicana.
Según la versión inicial ofrecida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.
Pero esa versión fue desmentida por uno de los tres sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el enfrentamiento y los otros habían sido asesinados tras un interrogatorio.
Según un informe de la CNDH, los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos encontrados en el suelo de la bodega.
Por los hechos, siete militares implicados en la masacre fueron detenidos en 2015 y liberados poco después después de que un fiscal determinara que no había pruebas suficientes.
Sin embargo, a principios de 2021, estos mismos soldados volvieron a ser detenidos, aunque cuatro de ellos fueron liberados bajo fianza para continuar su proceso en libertad y tres más permanecen en una prisión militar en la Ciudad de México.
Todos ellos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos también enfrentan cargos por homicidio.
Ante esta situación, la CNDH consideró que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación “son la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, la persecución y la sanción de los casos graves de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales”.
Asimismo, expresó su preocupación por el contexto de violencia estructural generalizada que vive el país, “al que se suma el uso de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército Mexicano”.
Por ello, exhortó al Ejército a que aclare los mecanismos utilizados para aplicar la fuerza letal desde la cadena de mando.
