La oposición brasileña registró este miércoles en la Cámara de Diputados un “súper pedido de impeachment” contra el presidente Jair Bolsonaro, asediado por las sospechas de corrupción de su gobierno en la compra de vacunas antivirus.
El documento, firmado por decenas de partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales, pero también por algunos antiguos aliados de Bolsonaro, reúne un centenar de pedidos de impeachment ya presentados ante la cámara con más de 20 acusaciones, como la de haber actuado con “negligencia” ante la pandemia que ya ha dejado más de 500.000 muertos en el país.
El presidente ultraderechista se opuso constantemente a las medidas de aislamiento social, promovió las aglomeraciones sin el uso de mascarillas, cuestionó la eficacia de las vacunas y promovió medicamentos sin eficacia probada contra la enfermedad.
La administración busca presionar al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, para canalizar algunos de los pedidos de destitución que se acumulan en sus cajones.
Los observadores consideran poco probable que Lira, aliado de Bolsonaro, se decida a dar ese paso.
Y si eso ocurre, dudan por el momento que el pedido sea aprobado, ya que requerirá el apoyo de dos tercios de los diputados y Bolsonaro, a pesar de la caída de su popularidad, cuenta con el apoyo de una heterogénea coalición de partidos conservadores.
Pero la iniciativa se suma a una creciente movilización social y al trabajo de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada hace dos meses por el Senado para investigar posibles omisiones del Gobierno en la gestión de la pandemia y que en las últimas sesiones sacó a la luz sospechas de corrupción en la negociación y compra de vacunas.
El lunes, tres senadores presentaron una demanda ante la corte suprema para que se investigue si Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación” al no denunciar una de esas sospechas, de la que habría tenido conocimiento.
La oposición realizó protestas masivas en todo el país el 29 de mayo y el 19 de junio, y adelantó al próximo sábado la que tenía prevista para el 23 de julio.
Entre los firmantes de la “superpetición de destitución” están el Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como sindicatos de trabajadores y estudiantes, organizaciones de abogados y grupos antirracistas.
Somos muy escépticos respecto a esta solicitud de impeachment. No vemos una adhesión fuerte o suficiente de un conjunto de fuerzas políticas para romper el blindaje de Bolsonaro en la Cámara“, dijo a la AFP el analista político Creomar de Souza, de la consultora Dharma.
Pero “estamos atentos a las ramificaciones o al surgimiento de nuevas denuncias”, agregó.
Un alto funcionario del Ministerio de Salud fue destituido el miércoles tras ser denunciado por el representante de una empresa por un supuesto pedido de soborno de un dólar por dosis durante la negociación de la compra de una vacuna, según el diario Folha de S. Paulo.
Otro funcionario del Ministerio declaró la semana pasada ante la comisión parlamentaria que en marzo detectó posibles irregularidades en el contrato de compra de la vacuna india Covaxin, a precios muy elevados, y que trasladó su preocupación al propio Bolsonaro, quien no la habría transmitido a la Policía Federal.
“Un impeachment depende mucho de la calle. Estamos organizando la tercera marcha, esta semana. Con esta denuncia de la corrupción, creo que la calle aumentará la presión”, dijo a la AFP el diputado del PT Paulo Teixeira, en referencia a la movilización de los sectores de la oposición.