La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas para impugnar la resolución de la Cámara de Diputados que avaló la acción penal contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que será el alto tribunal el que decida quién tiene la razón.
Así lo decidió la mayoría de los ministros de la Primera Sala de la Corte al avalar el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien sostiene que el desafuero del gobernador de Tamaulipas sí requiere su resolución en la Corte, pues ambos poderes legislativos, el federal y el estatal, acusan la intromisión en asuntos de su competencia.
Los únicos dos votos en contra fueron del magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien en abril pasado desechó el recurso de los diputados tamaulipecos, al considerar que los diputados locales no fueron afectados en su ámbito de competencia, pues al final ellos mismos votaron a favor de mantener el fuero del gobernador local.
El ministro precisó que el gobernador podrá ser procesado una vez que termine su mandato hasta el año 2022. El otro voto en contra fue el del magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Tras el sobreseimiento de la controversia, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de apelación argumentando que corresponde al Ministerio Público Federal perseguir ante los tribunales todos los delitos federales y solicitar medidas cautelares contra los imputados, así como buscar presentar pruebas que acrediten su participación en los hechos.
La Corte decidió que el recurso fuera asignado al ministro Piña, quien este jueves consideró que el tema sí requiere ser resuelto por el máximo tribunal, ya que ambos poderes legislativos, federal y estatal, acusan la intromisión en asuntos de su competencia.
En este sentido, esta Sala considera que la Procuraduría General de la República debe ser reconocida como parte autónoma para recurrir una decisión de esta naturaleza, pues no deja de existir un interés público objetivo en revisar la legalidad de la decisión del Ministro instructor de desechar de plano una demanda de controversia constitucional, en la que el actor plantea lo que considera una grave injerencia en su ámbito de competencia directamente regulada en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal“, señala el proyecto”.
El ministro explica que la solución de este problema interpretativo de carácter constitucional requiere, sin duda, de consideraciones de cierta profundidad, pues exigen las condiciones reflexivas propias del juicio, como son el tiempo, el estudio y la serenidad suficientes para emitir una resolución adecuada sobre el asunto.
Los magistrados Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández votaron a favor de admitir la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas.
