El día que cumplió 33 años, Ligia Ceballos Franco se enteró de la verdad sobre su identidad, no había nacido en México sino en España y había sido entregada clandestinamente a una pareja mexicana, que nunca reveló el paradero de sus verdaderos padres.
La historia de Ligia es una de las muchas que se han documentado sobre la sustracción de bebés durante la Guerra Civil española e incluso años después de la dictadura de Francisco Franco, en la década de los 90, una práctica que tuvo lugar en cárceles, hospitales, maternidades, guarderías y centros de caridad, donde congregaciones religiosas y autoridades entregaban a los recién nacidos a familias de México y Chile.
En entrevista con El Sol de México, Ligia cuenta que en 2001 comenzó a buscar a sus padres biológicos en Madrid y logró que las autoridades españolas y mexicanas abrieran investigaciones. Sin embargo, la falta de información sobre su origen, la muerte de sus padres adoptivos y otras personas involucradas en el caso fueron determinantes para que el gobierno español cerrara el caso.
En México, el año pasado la Fiscalía General de la República (FGR) le informó que después de tres años de investigación no había elementos para procesar el caso, ya que no encontró a nadie a quien acusar de un delito.
Con el apoyo de Amnistía Internacional, presentó un amparo ante un juez federal para impugnar la decisión de la Fiscalía y pedir que se reabra el caso.
Ligia sabe ahora que nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, pero que fue entregada en acogida a un matrimonio mexicano de Yucatán que la registró con el nombre de Ligia Ceballos Franco.
“Lo que sé es que mi abuelo, que en esa época tenía una buena amistad con Fernando Ruiz Solórzano, arzobispo de Yucatán, se puso en contacto con Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid, para solicitar un bebé en adopción”, explica.
“Mi marido me lo dijo. Todo el mundo lo sabía menos yo, fui adoptada en España porque mis padres no podían adoptar por mi edad. Nací en el hospital de Santa Cristina, en Madrid, y lo supe porque tengo conocidos en España que estaban en proceso de adopción y me dieron un poco de luz sobre lo que pasó, porque mis padres adoptivos no podían decirme el lugar exacto donde nací”.
Ahora, casada por segunda vez y con tres hijos, Ligia cuenta que en 2010 obtuvo una copia de su partida de nacimiento. Con este documento supo que sus padres biológicos son Rafael y Martha. “El acta tiene mi nombre de pila, María Diana Ortiz Ramírez, fecha de nacimiento y las personas que firmaron eso fueron las que intervinieron en el registro civil”.
Desde Estados Unidos, donde vive actualmente, dice que no tiene claridad de cómo fue el parto, pues en esa época había casos de niñas de 15 años que se embarazaban. “Era un delito, así que las escondían en conventos o casas de acogida en Madrid y cuando daban a luz entregaban al bebé, la situación histórica les impedía quedarse con sus hijos”.
“No hay forma de saber si mi madre era una chica que se quedó embarazada y renunció al bebé, o si por ser republicana le quitaron los hijos, mis padres pudieron ser encarcelados y fusilados, no lo sé”, lamenta Ligia.
En 2005 presentó una denuncia en España por desaparición forzada, pero años después su caso fue archivado por falta de pruebas, por lo que Amnistía Internacional (AI) la convenció para que presentara una denuncia en México.
Daniel Canales Anzola, representante de AI en España y abogado de Ligia, señala que el 15 de febrero de 2017 presentaron la denuncia ante la entonces PGR, hoy Procuraduría General de la República, y el gobierno mexicano pidió apoyo a la Fiscalía Provincial de Madrid, que informó que había muy pocos datos sobre el caso.
“Después de que presentamos la denuncia, México solicitó la colaboración de la Fiscalía española, pero al cerrar el caso allí, la Fiscalía mexicana consideró, después de tres años de investigación, que no podía formular una acusación individual o específica y no estaba autorizada para ejercer la acción penal”, dijo el abogado en entrevista desde España.
El año pasado, el Ministerio Público archivó la investigación por considerar que los implicados en los hechos ya habían fallecido, por lo que no hay nadie a quien acusar, dice Canales.
Este año Ligia y AI presentaron un recurso ante un juez federal contra la decisión del Ministerio Público de cerrar el caso, que está pendiente de resolución en los próximos meses.
Recientemente, la organización internacional publicó un informe que da cuenta de 109 testimonios en México con denuncias similares a las descritas por Ligia.
“Tenemos dos caras de la moneda, por un lado madres y padres que buscan a un familiar y por otro, mujeres y hombres que buscan conocer su verdadera identidad”, señala Anzola.
Dice que aunque en los años 80 en España se empezó a investigar la abducción
