En abril, una desvencijada embarcación de madera que transportaba a unos 130 migrantes volcó en el mar Mediterráneo sin dejar supervivientes. Este trágico incidente se ha convertido en un suceso sombrío y estacional, con más de 350 muertes similares ya este año.
Lo peor está por llegar. Los investigadores en materia de migración predicen que 2021 promete ser el año más mortífero. En parte, esta sombría previsión se debe a que los países de la UE han suspendido los barcos de búsqueda y rescate que solían salvar a los inmigrantes en el mar durante estas peligrosas travesías.
Pero la razón más profunda de esta crisis humanitaria en curso se debe a que los países de la UE han desplazado su responsabilidad en la gestión de este problema de diversas maneras, incluyendo que las naciones más grandes arrojen su papel a los países costeros y a las ONG, desplazando la carga de la migración al hacer retroceder las fronteras, y ofreciendo remesas en lugar de asistencia.
Los Estados europeos más grandes desplazan su papel de autoridad sobre los solicitantes de asilo que llegan a Grecia, Malta y, sobre todo, Italia. Mientras tanto, estos gobiernos delegan en ONG como la Cruz Roja/Media Luna Roja y Médicos Sin Fronteras (MSF), conocidos en inglés como “Doctors Without Borders”.
Por desgracia, estas organizaciones carecen de los recursos y el personal médico necesarios para afrontar una misión tan abrumadora, y la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación.
La Cruz Roja italiana ha convertido cruceros de lujo en prisiones improvisadas, fletadas por el gobierno italiano y con personal de la Cruz Roja, en un intento de poner en cuarentena a los migrantes rescatados en el mar, en alta mar, para evitar que lleven el Covid-19 a tierra.
Estas embarcaciones se mantienen con un coste de más de un millón de euros (1,16 millones de dólares) por barco al mes, y acogen a miles de personas desplazadas, en su mayoría de Oriente Medio y África, que han huido de la guerra, la tortura, la pobreza, la extorsión, la violencia sexual y los trabajos forzados.
Sin embargo, este flujo de migrantes a través del Mediterráneo no es nuevo. Más de 2,5 millones de personas han realizado travesías no autorizadas desde el norte de África hasta Europa desde la década de 1970, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.
Pero en los últimos tiempos, esta emigración se ha disparado, ya que cada vez más personas huyen del norte de África para evitar la guerra y la inestabilidad política. En respuesta, las naciones europeas han tratado de cerrar esta avalancha, lo que ha dado lugar a un viaje calificado por la OIM como “el más mortífero del mundo”.
Solo en las dos últimas décadas, el Mediterráneo se ha tragado a más de 30.000 personas. En 2016, nueve organizaciones benéficas distintas, entre ellas Médicos Sin Fronteras, patrullaron las aguas internacionales y llevaron a cabo alrededor del 25% de los rescates en el Mediterráneo. Para colmo, los gobiernos europeos han empezado a criminalizar a estas ONG por tareas que deberían realizar las potencias.
“Nos enfrentamos a penas de prisión de hasta 15 años y a indemnizaciones millonarias por salvar vidas humanas”, dijo Óscar Camps, director de la ONG española Proactiva Open Arms, en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo después de que su principal barco de rescate fuera incautado en Sicilia por “promover la inmigración ilegal”.
Sólo en el último año, Italia ha llevado a cabo con éxito más de 100.000 misiones de búsqueda y rescate, pero recientemente ha tenido que suspender estas operaciones al negarse la UE a contribuir económicamente. Como consecuencia, Italia y otros países han empezado a subcontratar sus funciones de guardacostas a países como Túnez y Libia.
Los esfuerzos del continente europeo se centran más en el “control de fronteras” y menos en salvar vidas.
La combinación de factores -el alejamiento de sus fronteras de hecho y un poco de capital- facilita que la UE pague a otros países para evitar que los viajeros lleguen a sus costas, deteniéndolos primero en ruta. Esto se hace, en particular, mediante el pago europeo de subvenciones a los controvertidos guardacostas libios y tunecinos, como refleja un informe del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES).
Estos guardacostas, a diferencia de la mayoría de la historia, no miran predominantemente hacia fuera de las costas libias o tunecinas para protegerse de las amenazas externas. Por el contrario, se financian para mirar hacia dentro y bloquear a las personas que intentan salir de África y llegar a Europa.
En 2016, como parte de un esfuerzo de la UE llamado Operación Sophia, Italia acordó proporcionar barcos, formación y millones de euros a lo que quedaba de la Guardia Costera de Libia para reducir la avalancha de migrantes. Poco después, la guardia costera comenzó a amenazar, abordar e incluso abrir fuego contra los barcos de las ONG.
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