Un juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca restablecer el controvertido programa “Permanecer en México” (MPP), que obligaba a los inmigrantes indocumentados que pedían asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en el país vecino a que se tramitaran sus peticiones. La decisión emitida informó a la Administración Biden de que tiene siete días para apelar el fallo o, en caso de no hacerlo, reiniciar el MPP.
Si la Administración Biden apela la decisión y el litigio se alarga, es posible que la batalla acabe en el Tribunal Supremo, que en marzo de 2020 ya falló a favor de Trump y le permitió seguir aplicando el MPP, aunque no entró a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política.
En ese caso, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la política por considerar que violaba las obligaciones de Estados Unidos en materia de inmigración y asilo al enviar a los migrantes al norte de México, donde podrían ser víctimas de la trata de personas o secuestrados para pedir un rescate.
La decisión del juez se produce en un momento en que el número de llegadas de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos sigue aumentando: en julio, las autoridades estadounidenses detuvieron a 212.672 indocumentados en la frontera sur, la cifra más alta en 20 años.
En enero, Biden suspendió la inscripción en ese programa, impulsado en 2019 por el Gobierno de su antecesor, Donald Trump (2017-2021), y por el que Estados Unidos envió a más de 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante los jueces de inmigración.
En febrero, Biden permitió la entrada a Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el MPP y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para un tribunal de Texas, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Missouri, que habían demandado al gobierno de Biden en abril por su decisión de poner fin al programa.
Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional de EE UU, Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley administrativa federal y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su supuesto efecto disuasorio entre los potenciales migrantes.
El magistrado consideró que poner fin a la política perjudicaba los intereses de Texas y Missouri, ya que los migrantes liberados en Estados Unidos a la espera de las fechas de los tribunales de inmigración podían disponer de servicios sanitarios o educativos en el país.
Kacsmaryk ordenó al Gobierno de Biden que restablezca el programa al menos hasta que encuentre la forma de “rescindirlo legalmente” y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de la política, puedan entrar en EE.UU.
