El tratamiento de los derechos de las mujeres, especialmente su acceso a la educación, debe ser una “línea roja” para los talibanes, advirtió el martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad, a la libertad de movimiento, a la educación, a la autoexpresión y al empleo, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”, dijo.
En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Afganistán, el ex presidente chileno aseguró que “garantizar el acceso de las niñas a una educación secundaria de calidad será un indicador esencial del compromiso con los derechos humanos”.
Esta sesión se celebra a petición de Pakistán, en su calidad de coordinador de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) para los derechos humanos y las cuestiones humanitarias, y de Afganistán, representado por Nasir Ahmad Andisha, diplomático designado por el anterior gobierno, con el apoyo de un centenar de países.
Nasir Ahmad Andisha pidió a este organismo de la ONU que envíe “un mensaje contundente a todas las partes, incluidos los talibanes, para que entiendan que los ataques a los derechos humanos tendrán consecuencias”.
Durante el debate, unos 60 países presentaron una declaración conjunta, leída por la representante española Aurora Díaz-Rato, en la que se pedía en particular “el fin inmediato de los asesinatos selectivos de defensores de los derechos humanos”.
Desde su regreso al poder, el 15 de agosto, los talibanes intentan convencer a la población de que han cambiado y de que su régimen será menos brutal que el anterior, entre 1996 y 2001.
Desde que los talibanes empezaron a recuperar el control de Afganistán, han querido asegurar que los derechos de las mujeres serán respetados “de acuerdo con los principios del Islam”.
Las mujeres podrán recibir una educación y trabajar. También prometieron que los medios de comunicación trabajarían libremente y que no habría represalias.
Las funcionarias deberán permanecer en casa por el momento hasta que se pueda garantizar su seguridad, dijo el martes un portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.
“Queremos que trabajen, pero también queremos que la seguridad sea buena” para ello, explicó el portavoz, las mujeres deben quedarse en casa por el momento.
Mientras tanto, las multitudes siguen agolpándose a diario ante el aeropuerto de Kabul, con la esperanza de subir a uno de los aviones que realizan las evacuaciones de los países occidentales, antes de que las tropas se retiren por completo el 31 de agosto.
Bachelet, que a principios de agosto había mencionado “informes de violaciones que podrían constituir crímenes de guerra” en Afganistán, subrayó el martes que había recibido “información creíble sobre graves violaciones del derecho internacional humanitario y ataques a los derechos humanos en muchas zonas bajo control de los talibanes”.
Entre ellas, “ejecuciones de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad afganas (…), restricciones a los derechos de las mujeres (…), reclutamiento de niños soldados y represión de manifestaciones pacíficas”.
“Las violaciones de los derechos humanos socavan la legitimidad de sus autores ante la población y también ante las instituciones regionales e internacionales y otros Estados“, dijo.
También instó al Consejo a activar un “mecanismo específico para seguir de cerca la evolución de la situación humanitaria en Afganistán, incluido el respeto por parte de los talibanes de las promesas que han hecho”.
Varias ONG pidieron también la puesta en marcha de una investigación internacional, como ya ha hecho el Consejo en los casos de Venezuela y Birmania.
Sin embargo, el proyecto de resolución presentado por Pakistán en nombre de la OCI se limita a pedir al Alto Comisionado que investigue las violaciones de los derechos humanos y publique un informe en el primer trimestre de 2022.
