Más de 6.300 solicitantes de asilo que fueron expulsados de Estados Unidos tras cruzar la frontera sur durante la administración del presidente Joe Biden han sido víctimas de la violencia en los lugares a los que fueron devueltos, según un estudio de la organización Human Rights First.
El estudio destaca que en los siete meses de la administración demócrata se han registrado al menos 6.356 denuncias de secuestros y otras agresiones, incluyendo acusaciones de violación, tráfico de personas y asaltos violentos a mano armada, contra solicitantes de asilo, incluidos niños, que fueron expulsados a México.
Entre las denuncias se encuentra el caso de una mujer migrante hondureña golpeada violentamente con un machete delante de su hijo de 11 años en Ciudad Acuña, en el estado fronterizo mexicano de Coahuila, tras ser deportada por agentes de inmigración estadounidenses.
El informe advierte que casi el 83% de todos los solicitantes de asilo varados en los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos declararon haber sido víctimas de ataques o intentos de ataque, o haber recibido amenazas en el último mes, según los datos de una encuesta realizada entre mediados de junio y mediados de agosto de 2021.
Los datos fueron recopilados por la organización Al Otro Lado y analizados por Human Rights First.
De los 69 solicitantes de asilo asentados en Tijuana (Baja California) y Piedras Negras (Coahuila) a los que Human Rights First ayudó a solicitar una visa humanitaria para ingresar a territorio estadounidense en los últimos dos meses, el 62 por ciento reportó haber sido secuestrado en México (43 de 69), y casi el 19 por ciento había sido agredido sexualmente en esas ciudades mexicanas (13 de 69).
El informe también destaca que los solicitantes de asilo que pertenecen a la comunidad LGBTQ o que son de raza negra son frecuentemente objeto de ataques en estas ciudades fronterizas, incluso por parte de las autoridades mexicanas.
El estudio de Al Otro Lado muestra que casi el 20% de los solicitantes de asilo haitianos en la región fronteriza del norte de México fueron víctimas de abusos policiales, como palizas, extorsiones y amenazas.
Los migrantes han sido expulsados en su mayoría en virtud del Título 42, una norma que permite la expulsión de emergencia de los migrantes que entran indocumentados en la frontera, advierte el informe, que califica la medida de “perjudicial”.
En base a los datos encontrados, Human Rights First ha recomendado a la Administración de Biden que ponga fin de inmediato al Título 42 (cuyo uso comenzó el año pasado durante la administración del republicano Donald Trump al amparo de la pandemia del covid-19 pero que Biden ha continuado) y a las deportaciones aceleradas. También instó a la administración demócrata a reanudar inmediatamente la tramitación del asilo en los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos.
