Después de que la Corte Suprema rechazara el martes una petición de la administración del presidente Joe Biden para impedir la reinstauración del programa que obliga a los migrantes a esperar en México su fecha de corte para solicitar asilo, Estados Unidos prometió trabajar para mitigar el impacto negativo de Quédate en México.
En una conferencia de prensa virtual, Emily Mendrala, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental de la actual administración de la Casa Blanca, aseguró que a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, seguirán trabajando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr una migración segura y ordenada.
Mendrala reiteró que acatarán la orden judicial y procesarán a quienes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos de acuerdo con la normativa vigente. También reiteró lo que han dicho otros funcionarios, a saber, que los inmigrantes que lleguen de forma irregular a la frontera serán devueltos a sus países de origen.
Añadió que a su país le interesa abordar las causas profundas de la migración irregular, incluida la creación de oportunidades económicas.
Sin embargo, no detalló cómo abordará el gobierno los retos humanitarios que plantea el cuestionado programa Quédate en México.
Al ser preguntada por los periodistas sobre la situación de los menores no acompañados, las mujeres vulnerables y la grave situación de los derechos humanos revelada por instituciones como Human Rights Watch, se limitó a decir que “estamos trabajando con las organizaciones internacionales para encontrar medidas que mitiguen los desafíos humanitarios”.
Tampoco quiso referirse a la respuesta de México a la decisión de la Corte Suprema, limitándose a señalar que ambos países tienen retos comunes en los que seguirán trabajando de manera coordinada.
En su informe, “Como si se ahogara”, Human Rights Watch informa de que “las personas enviadas de vuelta a México para esperar una audiencia se enfrentan a graves peligros en México, incluidos los abusos sexuales y otros tipos de agresiones violentas, como el robo a mano armada y la extorsión, a menudo por parte de la delincuencia organizada y, en ocasiones, de los funcionarios de inmigración y la policía mexicanos”.
Además, sostienen que el programa es contrario a las obligaciones de Estados Unidos en virtud de los protocolos sobre refugiados, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el derecho internacional.
