La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales, con lo que el número de organizaciones locales prohibidas asciende a 49 desde el estallido de la crisis sociopolítica en el país en 2018.
Se ha informado de que entre las 15 ONG canceladas a petición del gobierno nicaragüense a través del Ministerio del Interior se encuentra la Fundación Mejía Godoy, propiedad de los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy.
El decreto que cancela la personalidad jurídica de las 15 ONG fue aprobado con los votos de 70 diputados de los sandinistas y sus aliados, mientras que uno votó en contra y 13 de los 92 diputados del parlamento se abstuvieron.
En un informe, el Ministerio del Interior argumentó que estas 15 ONG no habían cumplido con sus obligaciones legales y estatutarias al no detallar sus informes financieros para el periodo 2006 a 2020.
Según la información, no proporcionaron, entre otras cosas, los acuerdos con sus donantes sobre sus proyectos y actividades, los documentos de identificación de sus donantes, el apoyo a los ingresos y la prueba de la solvencia de sus beneficiarios y organizaciones asociadas.
Durante el debate, el diputado indígena Brooklyn Rivera defendió a la organización Acción Médica Cristiana, de la que dijo que era la única ONG presente en las zonas vulnerables del Caribe norte de Nicaragua, habitadas principalmente por indígenas miskitos, tras el paso de un huracán por la región.
“Estamos cumpliendo las mismas leyes que aprobamos. Esa es la consideración que queda”, dijo el jefe del parlamento, el sandinista Gustavo Porras.
Entre las entidades afectadas se encuentra la Fundación Mejía Godoy, propiedad de los hermanos Mejía Godoy, que recientemente tachó al gobierno del sandinista Daniel Ortega de “régimen totalitario, neoestalinista y neohitleriano” tras criticar un decreto del Ejecutivo que obliga a otros Estados u organismos internacionales a pedir su aprobación previa si quieren dar un premio o reconocimiento a un ciudadano de ese país centroamericano.
Otras ONG prohibidas son el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, la Asociación Soya de Nicaragua, Acción Médica Cristiana, la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social y la Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia.
Además, la Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua, la Fundación Diakonia Nicaragua, la Fundación Entre Volcanes, la Fundación Médicas Nicaragüenses Dra. Concepción Palacios, la Fundación Xochiquetzal, la Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (Inges), la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
En Nicaragua, con los votos de los diputados sandinistas y sus aliados, el Ejecutivo de Daniel Ortega ha prohibido al menos 49 organizaciones no gubernamentales (ONG) desde diciembre de 2018, las últimas 24, la mayoría del sector médico, el 28 de julio.
El 15 de agosto, el Ministerio del Interior anuló las inscripciones y los números permanentes de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
Nicaragua está sumida en una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha intensificado de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente Ortega busca su quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
