El procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que hay indicios de que el caso contra Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México, podría reabrirse porque no cumplió con el acuerdo con la autoridad judicial.
Durante su participación en la sesión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, el fiscal aclaró que el acuerdo entre el empresario no tuvo nada que ver con la Fiscalía General de la República (FGR), ya que se celebró entre Pemex y Ancira por orden de un juez.
Señaló que cuando se presentó el acuerdo de reparación con Pemex, la FGR no lo aprobó, por lo que dejó en suspenso el caso.
“No estábamos satisfechos y fijamos un plazo para ver si se cumplía el acuerdo. No abandonamos el caso y ya tenemos elementos para reiniciarlo. Esto se hizo en el marco de un procedimiento judicial.
Al comentar las acusaciones hechas por la fiscalía contra el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, Gertz Manero dijo que no se trata de una persona que se haya enriquecido ilícitamente, sino de una red más amplia de colusión a nivel estatal para distribuir la riqueza de la nación.
“No se trata de un individuo, sino de una colusión a nivel estatal para entregar los bienes de la nación a cambio de prebendas y dinero”, dijo.
El fiscal dijo que al inicio del gobierno anterior se inició una operación criminal en toda América Latina por parte de una empresa internacional, Odebrecht, que montó un sistema para corromper al gobierno y apropiarse de sus recursos naturales.
“Cuando se descubrió esto, se desencadenó una reacción en muchos países latinoamericanos que llevó al derrocamiento de gobiernos; en México, esta empresa corrompió todo el sistema político y se hizo con el control de los recursos petrolíferos, como admitieron sus propios funcionarios”, dijo.
El caso, dijo, se inició por una denuncia de tres personas que estaban en el poder y entraron en conflicto entre sí, tras lo cual se abrió una carpeta de investigación que se reabrió hasta llegar a la recién formada FGR, a la que se sumó una denuncia de Pemex.
En ese momento, se había emitido una orden de detención contra Emilio Lozoya, que se encontraba en España. Gertz Manero se jactó de que tanto en el caso Ancira como en el de Lozoya, la fiscalía había logrado superar todos los trámites de la justicia española para traerlos a México.
“Lozoya se ha aprovechado de una figura en la que un imputado que da información recibe libertad procesal por parte del juez para que pueda declarar, de manera que podamos esclarecer este enorme fraude, que hemos podido probar con toda precisión ante los jueces”, dijo.
El fiscal aseguró que, a pesar de las campañas mediáticas, habían conseguido ganar los casos, pero que el de Anaya no era un caso aislado, sino que formaba parte de esta red.
