HERMOSILLO – Este mes de julio se cumplirán más de 1.800 días (más de 16 años) desde que Alfredo Jiménez Mota desapareció mientras trabajaba como periodista para el diario “El Imparcial” de esta ciudad. Hasta el momento, ninguna autoridad local o federal -que se hizo cargo de la investigación- ha dado con su paradero, ni ha detenido a ningún sospechoso, y mucho menos ha llevado ante la justicia a los responsables del crimen.
El caso Jiménez Mota, que investigó el auge del crimen organizado en Sonora, implica extraoficialmente a funcionarios públicos, con dos de los cuales se reunió la noche de su desaparición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ha determinado que la inacción del gobierno constituye un grave ejemplo de impunidad y ha iniciado un procedimiento para demandar al Estado mexicano por responsabilidad internacional.
Este caso se suma a los más de 150 periodistas asesinados o desaparecidos en México desde el año 2000, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, sólo superado por los países en guerra civil. De esta cifra, menos del 10% ha sido esclarecido y castigado.
“La impunidad es algo que alimenta la sensación de vulnerabilidad en el ejercicio cotidiano del periodismo”, aseguró Lourdes Lugo, hoy directora editorial de El Imparcial; en 2005, cuando Alfredo fue desaparecido, ella formaba parte del equipo de reporteros.
“A pesar del tiempo que ha pasado, 16 años, ese sentimiento sigue siendo claro entre nosotros. Nos hace temer que pueda volver a ocurrir, a cualquiera de nosotros. Lo mismo ocurre en las redacciones de los medios de comunicación de todo el país. Los atentados siguen y siguen… es una muestra de que se puede matar a un periodista y no pasa nada”, dijo Lugo.
Desde la desaparición de Jiménez Mota, añadió, “no se puede tener paz, porque no se tiene una explicación de lo que pasó, no se tienen resultados, no se sabe qué pudo haber pasado, nada. Sólo un montón de preguntas sin respuesta”.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un expediente abierto, sin avances en las investigaciones, ni proporciona informes a la familia del periodista desaparecido ni a sus representantes legales. En cambio, los testimonios recogidos por los colegas de Jiménez Mota apuntan a la presunta complicidad en su desaparición de ex funcionarios públicos federales y locales y, como brazo ejecutor, del grupo criminal “Los Salazar“, vinculado al Cártel de Sinaloa.
“El año pasado vino la FGR. Creo que pusieron a otro fiscal. Dijeron que estaban trabajando, retomando 22 líneas de investigación!…. (pero) no sabemos nada… tal vez por la pandemia se les olvidó”, dijo José Alfredo Jiménez Hernández, padre del periodista.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la CIDH, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, la demanda para exigir al Estado mexicano que responda al virtual cierre de las investigaciones. Después de años de revisiones y de una infructuosa espera de señales de que el caso estaba siendo procesado con diligencia, la Comisión ha hecho un llamamiento perentorio a través de la Secretaría de Gobernación, sin resultados hasta ahora.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, abordó el tema durante una conferencia en Palacio Nacional el 8 de abril. “Hemos solicitado información a la Fiscalía para la Libertad de Expresión… nos han dicho que la información es reservada porque es parte de una investigación; esperamos que esta fiscalía especial dé cuenta de los avances en este caso de desaparición…”. Encinas declinó hacer declaraciones para la elaboración de este informe.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, de la citada Secretaría de Gobernación, dijo que la FGR les entregó “un expediente muy general”. “Este es un caso emblemático, porque evidentemente (la cerrazón) se multiplica en otras investigaciones. Si no tenemos acceso al expediente, correríamos el riesgo de revictimizar a los familiares para que tengan que repetir todo lo que han dicho durante años en las fiscalías.” Es decir, empezar de cero, 16 años después.
Tampoco hay seguimiento por parte de los organismos que constitucionalmente deberían hacerlo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mantiene abierto el expediente 2005/1515/Q sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Pero desde hace más de tres años no se ha pronunciado sobre la falta de justicia y avances en el caso.
En este reportaje para la Alianza de Medios Mx, se solicitó información sobre el estado del expediente de Alfredo Jiménez Mota a la Procuraduría General de la República el 15 de abril, pero tampoco respondió, a pesar de que el plazo legal para hacerlo había vencido.
Tanto el Gobierno como la Procuraduría General de la República han ignorado la solicitud de la CIDH de que se informe a la familia de Alfredo Jiménez Mota sobre el estado del caso.
