Entre 2020 y 2021, el gobierno federal recortó 66% de los recursos asignados a los estados para la salud materna y perinatal, es decir, la atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. Ello a pesar de que la pandemia de Covid-19 disparó las muertes maternas de una tasa de 32,4 muertes por cada 100.000 nacimientos en 2019 a 52,1 en 2021.
Los programas de atención a embarazadas y mujeres que acaban de dar a luz no fueron los únicos afectados por la reducción de las transferencias a las entidades federativas en materia de salud reproductiva y equidad de género.
En el último año, la Federación también restringió 53 por ciento del monto destinado a la prevención y control del cáncer de mama y cérvico uterino, 46 por ciento del monto utilizado para prevenir y atender la violencia familiar y de género, y 31 por ciento del monto utilizado para programas de equidad de género en salud.
También se redujeron los recursos destinados a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en un cuatro por ciento y a la planificación familiar y anticoncepción en un tres por ciento. Sólo las transferencias para programas de aborto seguro se incrementaron en ocho por ciento, de acuerdo con la información contenida en los convenios de distribución de subsidios para acciones de salud pública firmados entre la Secretaría de Salud federal (SSa), representada por el subsecretario Hugo López-Gatell, y los gobiernos estatales.
Los recursos presupuestales considerados incluyen los que fueron transferidos a los estados vía subsidios del ramo 12 de salud, a través de las aportaciones federales del ramo 33 y por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que antes era conocido como Seguro Popular, según los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
El recorte más severo se dio en las transferencias para la salud materna. En 2019, el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estados recibieron mil 692 millones de pesos de las arcas federales para programas destinados a reducir la morbilidad y mortalidad materna. Al año siguiente, los recursos se redujeron a 1,513 millones y en este año se desplomaron a 516 millones, apenas una tercera parte.
La reducción del gasto público contrasta con el aumento de las muertes maternas en México, en plena pandemia de Covid-19. Según cifras de la SSa, la tasa de mortalidad materna pasó de 32,4 muertes por cada 100.000 nacimientos en 2019 a 41,5 en 2020, cuando se desató el coronavirus en el país.
Para el año actual, el segundo de la pandemia, la tasa de mortalidad materna ya se ubica en 52.1 muertes por cada 100 mil nacimientos, lo que significa un retroceso de 12 años para México en este rubro.
Y no sólo eso. La meta del gobierno de llegar a una proporción de 25 muertes por cada 100 mil nacidos vivos al final del sexenio de López Obrador, tal como lo planteó en su Tercer Informe de Gobierno, está cada vez más lejos de cumplirse.
Covid-19 desplazó a la hemorragia obstétrica, el aborto y los trastornos hipertensivos como la principal causa de muerte en mujeres embarazadas. Al cierre de 2020, murieron 934 mujeres, 248 de ellas por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (26,5%). Y hasta la semana 33 de este año, de las 645 muertes maternas registradas, 273 fueron por coronavirus (42,3 por ciento).
Según el sitio web del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “la muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica” y el “reflejo de las múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios de atención obstétrica.”
“En México, la muerte materna es un problema de discriminación, ya que afecta especialmente a las mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las ciudades, que no cuentan con seguridad social y a las más jóvenes (de 10 a 14 años)”, agrega la organización feminista que desde hace casi 30 años trabaja para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.
Los estados que sufrieron los mayores recortes en salud materna entre 2020 y 2021 fueron Guanajuato (93%), Puebla (90%) y Nuevo León (81%).
Sinaloa, el estado con la mayor tasa de mortalidad materna en el año (90.3 por cada 100 mil nacimientos), enfrenta una reducción presupuestal de 39 por ciento respecto a las transferencias federales en 2020.
Sólo a Yucatán, la entidad con la segunda tasa de mortalidad materna más alta (86.6 por cada 100 mil nacidos vivos), la Federación le inyectó más recursos para programas de salud materna y perinatal (156 por ciento más).
Los recursos que la SSa transfiere a los estados para cubrir la atención de las mujeres embarazadas, y todo lo relacionado con la salud reproductiva y la equidad de género, se asignan a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, unidad dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
Esta unidad es responsable de
