El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que la Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley federal de retiro de mandato.
Tras su aprobación en el Senado en la madrugada del viernes, el documento fue enviado a San Lázaro, donde fue discutido, analizado y finalmente aprobado.
En este contexto, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que el proyecto puede ser inconstitucional y restringir la democracia.
Según el partido tricolor, la consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador debe ser un instrumento de libre elección de los ciudadanos y no “un instrumento para ratificar el poder desde el centro”.
“La supresión del mandato es una medida que supone un alto coste para las finanzas públicas. Por ello, la acción pública debe centrarse en la obtención de resultados y no distraer a la opinión pública con medidas que no están en la agenda de los ciudadanos y que no resuelven los problemas del país”, dijo.
Tras una sesión que duró más de diez horas y que terminó de madrugada, el Senado de la República, modificando la cuestión en general y en particular, aprobó la decisión de derogar la ley federal sobre la retirada de mandatos.
La decisión fue aprobada con 101 votos a favor y dos en contra de los senadores Gustavo Madero Muñoz (PAN) y Emilio Álvarez Icaza Longoria.
La pregunta que se publicará en las papeletas de votación cuando se lleve a cabo este procedimiento es:
“¿Está usted de acuerdo en que (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sea despojado de su mandato por pérdida de confianza o que permanezca en el cargo de Presidente de la República hasta el final de su mandato?”.
En el debate no público, el senador Ricardo Monreal Ávila retiró la reserva presentada por los senadores de Morena para modificar el artículo 33, ya que no contó con la aprobación de todas las fuerzas parlamentarias, por lo que se aprobó en el espíritu del dictamen.
Los legisladores exigieron que el Instituto Nacional Electoral (INE) o cualquier otro órgano autónomo no usurpe las funciones del Poder Legislativo, porque por más poder que tengan, no deben violar el principio de legalidad. “Por eso estamos haciendo este gran esfuerzo.
La ley establece que el INE es el responsable directo de la organización, desarrollo y recuento de la elección, incluyendo los consejos y órganos ejecutivos locales y regionales correspondientes.
