Las universidades públicas, los organismos estatales de salud, los organismos de agua y los municipios adeudan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 68 mil millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones de los trabajadores, un “grave problema” que crece como una “bola de nieve”, advierte su director, Luis Antonio Ramírez Pineda.
En entrevista con El Sol de México, el funcionario federal agrega que el pasivo ha seguido creciendo en el actual sexenio al pasar de casi 50 mil millones a 68 mil millones de pesos. “Esto es un asunto de mala administración por parte de las dependencias”. En este contexto, llama a los gobernadores y rectores de las universidades a acercarse al ISSSTE para llegar a acuerdos que permitan pagar y “evitar que la bola de nieve siga creciendo”.
Incluso propone agregar un párrafo o artículo a la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos para sancionar a quienes utilicen las cuotas o aportaciones de los trabajadores para otros fines.
Luis Antonio Ramírez no oculta sus aspiraciones políticas y desvela su candidatura a la gobernación de su estado natal, Oaxaca. “Por supuesto, si se dan las condiciones y si las reglas del juego lo permiten, por supuesto que voy a participar… Por el partido del Presidente (Morena), seguro”.
El hijo del ex gobernador de Oaxaca, el priísta Heladio Ramírez, explicó que una vez que se definan las reglas del juego para la elección del próximo año, definirá su papel en ese proceso.
“Pero me interesa, por supuesto. Es mi origen, políticamente ahí me he desarrollado, he crecido, representa un reto, una pasión y es parte de lo que me mueve”.
A más de dos años y medio de su llegada al frente del ISSSTE, en diciembre de 2018, Ramírez Pineda asegura que “financieramente estamos sólidos. No tenemos nada de qué preocuparnos financieramente, pero nos motiva el hecho de mejorar la atención a los derechohabientes.”
Sus primeras acciones estuvieron encaminadas a reducir el pasivo de casi 20 mil millones de pesos a menos de 12 mil millones de pesos en la actualidad.
“Tenemos reservas financieras por 111 mil millones de pesos, lo que significa que el ISSSTE tiene una reserva financiera importante, una capacidad para enfrentar cualquier contingencia.”
El problema financiero es con 28 o 29 gobiernos estatales “porque nos deben alrededor de 68 mil millones de pesos”.
Esta deuda se divide en tres modalidades: una es con el seguro del ISSSTE, que es el fondo que se utiliza para brindar servicios de salud, mejorar la infraestructura y comprar insumos o equipo médico innovador. Ahí, la deuda es de siete mil 200 millones de pesos.
Estos recursos podrían destinarse a la infraestructura y mantenimiento de 600 unidades médicas en todo el país o a la compra de insumos o equipo de alta especialidad.
En segundo lugar se encuentra el Fovissste, que administra los créditos de vivienda para los trabajadores. La deuda acumulada en las cuentas individuales es de 2,500 millones de pesos. Finalmente, en las aportaciones de las afores, la deuda es de 58 mil millones de pesos.
“Esto suma casi 68 mil millones de pesos; es una cantidad muy grande que deben los patrones, en este caso las diferentes dependencias que aportan al ISSSTE a través de los estados”.
De este total, se ha logrado negociar con 11 estados la firma de convenios de pago de hasta 15 años por casi 10 mil millones de pesos.
Con Baja California Sur se logró un acuerdo por 1,300 millones de pesos, en Colima fue por 2 mil millones. “En Chiapas estamos haciendo un convenio adicional a lo que veníamos haciendo en salud, ahora con la Universidad Autónoma de Chiapas por mil 500 millones de pesos y para salud por 2 mil millones de pesos”.
En Nayarit el convenio fue por 400 millones de pesos; en Oaxaca, por dos mil 500 millones y dos mil 300 millones de pesos más. Con el municipio de Cozumel, en Quintana Roo, fueron 30 millones y con San Luis Potosí, mil 800 millones. Todos ellos fueron negociados para ser pagados en un plazo máximo de 15 años.
“Tenemos otros retos con otros gobiernos estatales, es decir, todavía hay otros 58 mil millones de pesos que aún no se han acordado. Seguimos haciendo esfuerzos para acercarnos a las dependencias, con los estados, y que acepten estas facilidades que da la Ley de Ingresos, porque de lo contrario nos vemos obligados a recurrir a (la Secretaría de) Hacienda y que les retengan sus participaciones”.
La deuda de 68 mil millones se distribuye entre 28 o 29 estados y “hay tres o cuatro entidades que no nos deben nada”.
Entre los deudores están las instituciones de salud, las universidades y las de gestión del agua. “Son recursos que los gobiernos estatales retienen y no informan al ISSSTE, o en su caso las universidades los retienen y no informan, entonces el estado es el respaldo, la garantía y a quien se le cobra.
Lo que hacemos mes a mes es recurrir a Hacienda y pedirle que retenga las participaciones a las dependencias”, dijo.
