De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a agosto pasado fueron detenidos en el país un total de 147 mil 33 migrantes que se dirigían a Estados Unidos, lo que equivale a 605 por día, la cifra más alta registrada por las autoridades.
La cifra no sólo es tres veces superior a los detenidos en el mismo periodo del año anterior, sino que supera el récord histórico de 522 detenciones por día, registrado en 2015 durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, cuando se implementó el programa Frontera Sur como política para contener la llegada de migrantes centroamericanos que buscaban ir a Estados Unidos.
De hecho, según los registros de Migración, el número de indocumentados detenidos en los primeros ocho meses de este año es la cifra más alta de la que se tiene registro.
También supera el número de migrantes africanos detenidos durante 2021 por los gobiernos de España, Grecia, Italia y Alemania, cuyo promedio diario no llega a 300, según cifras de la Comisión Europea.
Las detenciones de migrantes en México se han convertido en una “cacería” y se debe principalmente al acuerdo que ambos países firmaron, bajo presión de Estados Unidos, en junio de 2019, estiman organizaciones de la sociedad civil.
Como parte del pacto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó desplegar su recién creada Guardia Nacional en sus fronteras sur y norte.
En abril pasado, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que había 10.000 elementos de la GN vigilando la frontera sur. Más tarde, el gobierno mexicano informó que había 12.000 funcionarios en la zona, pero no todos eran de la Guardia, también había personal del DIF y de otras dependencias.
Esta medida se acordó para detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y permitir la ampliación de los Protocolos de Protección al Migrante (PPM, conocidos como “Estancia en México“), lo que obliga a miles de solicitantes de asilo a esperar en las ciudades fronterizas mexicanas sus audiencias de asilo en Estados Unidos. El acuerdo se produjo en medio de las amenazas de la administración Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si no se detenía el flujo migratorio.
Aunque el pacto se acordó con la administración del entonces presidente
Donald Trump, ocho meses después de que el demócrata Joe Biden llegara a la Casa Blanca, los protocolos migratorios siguen aplicándose, sumándose a otros como el retorno a nuestro país de centroamericanos que son transportados en aviones hasta la frontera sur para ser expulsados a Guatemala.
La mayor parte de las detenciones en México han ocurrido en Chiapas (72 por ciento), específicamente en Tapachula, puerta de entrada de miles de migrantes provenientes en su mayoría de Haití, Honduras, El Salvador y Guatemala.
La ciudad fronteriza se ha convertido en una “cárcel” para los migrantes indocumentados, que cansados de esperar a que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) resuelva sus solicitudes de asilo, han montado nuevas caravanas y se han enfrentado a la Guardia Nacional.
“La Guardia Nacional los tiene atrapados, rodeados en Tapachula, donde los albergues están desbordados y ya no hay viviendas para rentar o las que existen tienen un precio de más de siete u ocho mil pesos mensuales, hasta 20 personas comparten un cuarto de cuatro metros cuadrados”, dijo Josué Castañeda, integrante del Colectivo de Observación y Seguimiento de los Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.
El activista agregó que el INM está impidiendo a los migrantes salir de Tapachula a pesar de que la ley lo permite, y los está deteniendo a pesar de que tienen visas humanitarias o ya han iniciado solicitudes de asilo.
“La Guardia Nacional nos detiene, nos piden nuestros papeles y los rompen, nos detienen y nos expulsan en autobuses a Guatemala, lo que representa una tortura porque muchos intentan regresar de noche a México con niños”, dijo Bety, representante de miles de haitianos que esperan una respuesta en Tapachula a sus solicitudes de refugio.
“Estamos desprotegidos, cuando salimos a la calle, a los primeros que detiene la Guardia Nacional es a los negros, paran los autobuses para que no salgamos de Tapachula y lo primero que dicen es: ‘que se bajen los negros'”, dijo Bety el viernes durante una conferencia convocada por el Instituto de la Mujer para la Migración (IMUMI) para discutir soluciones a la situación migratoria que se vive en Chiapas.
Los grupos de apoyo a los migrantes advirtieron que si las cifras continúan al ritmo actual, en 2021 se superará el récord histórico de migrantes detenidos en su camino a Estados Unidos, alcanzado en 2015, cuando un total de 190 mil 366 indocumentados fueron detenidos a mediados del sexenio pasado cuando se implementó el programa Frontera Sur.
