MADRID. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, de 79 años, contra el que la Fiscalía de su país dictó una orden de detención, aseguró en Madrid que volver a Nicaragua le supondría la cárcel y, por tanto, la muerte, por la falta de atención médica: “son muy despiadados”.
En un acto organizado por el Instituto Cervantes, Ramírez denunció “el exilio forzoso” que le ha impuesto “una dictadura”, en referencia al Gobierno de su país, el del presidente Daniel Ortega.
Ramírez, Premio Cervantes 2017, que fue vicepresidente durante el primer gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico con Ortega, fue acusado por la Fiscalía de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia.”
“Es lo más duro a lo que puede estar sometido alguien, saber que no puede volver a su país, que se le cierran las puertas, de la mano de una dictadura enemiga de los libros”, añadió, en presencia de su colega cubano Leonardo Padura, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
Sin embargo, dijo que no se le persigue como dirigente político, sino por su última novela, que se publica esta semana en España, y “que desnuda los atropellos, las violaciones de los derechos humanos, el asesinato de decenas de jóvenes desarmados en las calles de Managua y otras ciudades del país en 2018″.
Se trata de la novela negra “Tongolele no sabía bailar”, que la editorial Alfaguara publica el próximo 16 de septiembre en la que el autor habla del fin del sueño de la revolución, el “detonante” de su situación.
En declaraciones a los periodistas tras el acto, Ramírez dijo que no puede estar preso sin atención médica: “Y son muy despiadados. Hay presos que pasan 24 horas con la luz encendida, otros en celdas de aislamiento”.
Y recordó que Somoza le impuso una pena de prisión por delitos muy similares, incitación al terrorismo, asociación ilícita para delinquir, “Y volví a enfrentarme a las acusaciones en Nicaragua y Somoza no se atrevió a meterme en la cárcel, pero yo tenía entonces 30 años. Esa es la pequeña diferencia.
De momento, buscará la manera de “acomodar” su vida en el exilio. Ahora, él y su mujer están en Costa Rica, donde ya vivió durante 14 años, país al que agradeció su acogida.
Otras opciones, dijo, son que se quede en España o en México. Por el momento, se quedará en España.
Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno nicaragüense a cesar la “persecución” contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, que se incrementa a medida que se acercan las elecciones del 7 de noviembre.
“Es imperativo que el gobierno (de Nicaragua) vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil”, subrayó Bachelet en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La expresidenta chilena también exigió a Ortega “la liberación inmediata e incondicional de más de 130 personas que siguen detenidas” desde las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 y que dejaron más de 300 muertos.
Un total de 36 opositores y críticos con el Gobierno han sido detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
