Los diputados federales aprobaron cambios legales que eliminan el outsourcing y, con modificaciones de última hora, otorgaron más tiempo al sector público para la transición a la nueva reforma laboral.
Los legisladores establecieron que la entrada en vigor de todos estos cambios, principalmente a la Ley Federal del Trabajo, será obligatoria para las empresas, en agosto, y los gobiernos federal y estatales, “en el ejercicio fiscal de 2022”.
En el dictamen, incluyeron un apartado en el que aseguran que no se otorgarán más recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para implementar la reforma laboral.
Para realizar los cambios legislativos, los diputados hicieron un receso de cuatro horas para incorporar los nuevos tiempos de implementación. Posteriormente, hicieron un segundo receso para recibir el dictamen que se discutió ante el pleno de diputados.
Ahora, el Senado de la República analizará la reforma para agilizar su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor el 1 de mayo, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
Como informó El Sol de México, los ajustes se hicieron porque los gobiernos federal y estatales tienen que aprobar sus presupuestos año con año y en los tiempos definidos por la ley.
En entrevista con este diario, el diputado de Morena, Ignacio Mier, señaló que los cambios se hicieron para no afectar, principalmente, a los gobiernos estatales.
“Esa fue la preocupación, que no se deje una situación complicada. En todos los estados ya hicieron toda su programación y hacer un ajuste ahora, cuando ya se aprobó el presupuesto de ingresos y otros, no es sencillo”, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
“La otra opción era quitar el apartado B (servidores públicos), pero también sería injusto, no puede ocurrir que haya una distinción entre unos y otros (iniciativa privada y pública)”, aseguró.
Verónica Juárez, coordinadora del PRD en San Lázaro, aseguró que en agosto, la iniciativa privada, y en enero, la administración pública federal “tendrán que hacer todo lo necesario para implementar las medidas que ahora se están aprobando. Tendrán estos meses para que los empresarios puedan hacer los ajustes correspondientes”.
Por separado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que la reforma va en contra de la certeza y seguridad jurídica, al prohibir una actividad económica legal. No resuelve el problema del outsourcing agresivo”.
Indicó que “es la misma (legislación), sólo que con un nuevo giro”, pues sigue permitiendo la contratación de servicios y obras especializadas, sin detallar cuáles son estas actividades.
“Se amplían las actividades a una figura extraña, intermediario y agencia de empleo, tal vez sólo le estamos dando la vuelta”, dijo.
Criticó que el periodo de transición es sumamente corto, porque no considera todas las altas, bajas y la falta de facilidades en medio de la pandemia.
Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), dijo a El Sol de México que si bien se dan tres meses para aplicar estos cambios a las empresas, no se toma en cuenta que a partir de mayo el sector dedicado a ofrecer servicios especializados ya no podrá facturar bajo este régimen, por lo que consideró que también se debe dar el mismo plazo para la transición a las nuevas disposiciones.
Dijo que esto puede ser fácil para una empresa grande, pero afectará gravemente a la mayoría de las pymes.
Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latinoamérica, señaló que “es complicado para las empresas montar todo un aparato para manejar a mil, cientos o decenas de empleados, porque hay que registrarse en el IMSS, tener un sistema de nómina diferente, dar soporte administrativo, hay que hacer muchas cosas que elevan los costos de administración, sobre todo para una empresa mediana o grande”.
